Partido Popular en Cantabria

El diputado regional y portavoz de Educación del Partido Popular, José Antonio Cagigas, explicó que esta es una de las medidas que llevará al Parlamento con el objetivo de que los docentes tengan el reconocimiento social que merecen, y a la vez mejorar la convivencia en los centros.

"Últimamente se está teniendo conocimiento en la región de un mayor número de actos de violencia escolar por lo que es necesario tomar medidas rigurosas, en todos los ámbitos, para cortar de raíz esa lacra".

"El Partido Popular ha preferido plantear esas medidas a final de curso, en lugar de hacerlo cuando han trascendido actos como la agresión al secretario de un instituto de Cabezón o al director del colegio de Nueva Montaña para poder debatirlas con sosiego".

Cagigas reclamó que se reconozca la autoridad pública del docente en el ejercicio de sus funciones para que, si se produce un conflicto, el profesor goce de la presunción de veracidad en sus declaraciones e informes.

"Es fundamental que se ponga en marcha un sistema de resolución de conflictos más ágil, que pase por la mediación escolar porque ahora, cuando se produce un problema de violencia en los centros, hay que abrir un expediente que puede tardar hasta tres meses en resolverse".

"Hay que otorgar competencias directas a profesores, jefes de estudio, tutores y directores para adoptar medidas correctoras de forma inmediata, que las sanciones se impongan en un plazo máximo de 48 horas".

En su batería de medidas, el Partido Popular plantea también que se garantice de forma adecuada la protección y la asistencia jurídica de los docentes y la cobertura de su responsabilidad civil en hechos que se deriven de su ejercicio profesional, que se promueva información para aumentar su consideración social y que se actúe en la prevención de cualquier tipo de violencia y acoso en el ámbito escolar.

"Hace tiempo que se ha perdido el respeto y la consideración social que merecen los profesores y eso se une la idea de linchamiento del funcionario que se ha instalado en la sociedad y que el Gobierno ha reforzado con su decisión de bajarles el sueldo".

"Se podría conseguir que en Cantabria esa reducción salarial fuera menor si se redujera o suprimiera la administración paralela que se ha creado, una administración en la que se contrata a amigos y familiares y que supone un ataque a los principios básicos del funcionariado".