TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA:
El objeto de esta rueda de prensa es presentar la proposición no de ley que el Grupo Popular registró el miércoles pasado y que se debatirá en el pleno del día 3 de mayo en el Parlamento de Cantabria.
Nuestro partido se opone frontalmente a que sean las familias, y sobre todo aquellas con menos recursos, las más desfavorecidas, y las que tienen un problemática mayor con (personas dependientes, hijos pequeños) quienes soporten en mayor medida el desequilibrio financiero del gobierno, es decir la mala gestión económica del Gobierno.
Con esta proposición queremos evitar que se consume esta grave injusticia social y dejar en evidencia la gran mentira de este gobierno, que ha justificado el incremento de la presión fiscal en la necesidad de mantener las políticas sociales, cuando la realidad es justamente la contraria.
Se incrementa la presión fiscal, se suben los impuestos y, como ello no es suficiente para cumplir con los criterios de estabilidad financiera, se recorta el gasto, cargándose este recorte en las políticas sociales.
Mientras que se elude la implantación de verdaderas medidas de austeridad que limiten el gasto donde debe hacerse, que no es en las políticas sociales, sino en los privilegios y los gastos improductivos de la propia administración.
Los ciudadanos deben conocer cuál es el verdadero talante de este gobierno, y deben juzgar por sus obras a este ejecutivo, insolidario e injusto, que da la espalda a los más desfavorecidos.
Justo en el peor momento, cuando más se necesita al gobierno, la crisis tienen que entender que no sólo la sufre el gobierno, lo es también y sobre todo, para las personas, las familias, las empresas y es sobre ellos, sobre los que el gobierno hace sufrir el recorte en plena crisis.
De todos es conocido el Plan de Económico-Financiero de reequilibrio 2010-2012 presentado por el Gobierno de Cantabria al Ministerio de Economía y Hacienda y aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de marzo.
La presentación de este Plan es consecuencia del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria por parte del Gobierno de Cantabria que en el ejercicio 2008, registró un déficit de 152 millones de euros, superando ampliamente lo autorizado por el Ministerio de Economía y Hacienda a las CCAA, es decir, la mala gestión económica del gobierno.
Así, el Gobierno de Cantabria se ha visto obligado a presentar este Plan de Reequilibrio.
Para el cumplimiento de estos objetivos de déficit, el Gobierno de Cantabria ha fijado dos directrices de carácter absolutamente antisocial: incremento de la presión fiscal y recorte de las prestaciones sociales, que suponen una enorme injusticia con los ciudadanos.
El Gobierno de Revilla podía haber establecido otras directrices, responsables y solidarias, como hubiera sido las propuestas en distintas ocasiones por el Partido Popular, es decir, por el recorte en muchos de los gastos improductivos del propio gobierno, la reducción de altos cargos o la reestructuración de ese sector de empresas públicas que el propio gobierno reconoce que ha crecido de forma desmedida e incontrolable.
Sin embargo ha preferido aplicar un castigo a los ciudadanos de Cantabria y especialmente a los más débiles, que son los que tienen menos recursos.
Para reequilibrar balance, pretende ingresar más dinero y el Gobierno reconoce que lo hará mediante una subida de los impuestos, no con progresividad, sino de forma lineal, lo que supone que afectará fundamentalmente a las familias con menos recursos.
Este incremento fiscal, además, reconoce que se pretende mantener en los próximos años, lo que va a suponer una disminución de la capacidad de gasto y de ahorro de las familias de Cantabria, y una desventaja competitiva para nuestras empresas, que ya tienen bastantes dificultades y tendrán más en el futuro.
La política fiscal, aplicada con justicia y progresividad, es la principal política social de las administraciones y cuando se hace de forma indiscriminada e injusta, se convierte, de hecho, en un instrumento para penalizar a quienes menos tienen, un lastre para el desarrollo económico, y una carga insostenible para un gran número de familias.
La otra gran directriz que fija este plan de reequilibrio del gobierno es el de la reducción del gasto, justamente donde no se debe hacer, que es mediante el recorte abusivo e insolidario de una buena parte de las políticas sociales.
Esto va a tener una gran trascendencia por la disminución de la renta disponible de muchas familias y ciudadanos de Cantabria, especialmente -y quiero remarcar esta idea- aquellos que están sufriendo de forma directa las consecuencias de la crisis, que son aquellos que menos renta tienen.
El Gobierno de Cantabria ha decidido cargar el recorte del gasto en programas sociales que suponían hasta ahora uno de los pilares de nuestro sistema de protección social:
1.-Recortando las ayudas a las madres hasta el punto de que tres de cada cuatro familias que percibían esta ayuda no podrán percibirla en el futuro.
2.-Recortando las ayudas para el pago de los libros de texto, que se restringen de forma acusada. Lo que supone una medida absolutamente insolidaria y que afecta, de nuevo, a aquellas unidades familiares con menos ingresos.
3.- Estableciendo un incremento en el copago de las prestaciones por dependencia, atentando de nuevo a las familias con menos recursos y con el agravante de hacerlo precisamente sobre quienes, además, tienen menos oportunidades, como son las personas con discapacidad y sus familias.
Este incremento del copago afecta también, y de forma muy acusada, a las familias con personas mayores en centros residenciales, que de esta forma van a ver disminuir los recursos de que disponen para subsistir, pues han de aumentar su aportación para acceder a estos servicios de atención.
Es decir, buena parte de ese ahorro que pretende el gobierno se va a recaudar a costa de las pensiones de las personas mayores dependientes.
Miente el Sr. Revilla y su gobierno, cuando dice que no habrá recortes en las prestaciones sociales.
Engaña el Sr. Agudo cuando dice que estas medidas no tendrán efectos sobre los ciudadanos.
Miente este gobierno de socialistas y regionalistas cuando proclama su defensa de la política social, pues los hechos demuestran que cargan sus problemas financieros precisamente sobre las principales políticas sociales.
Nuestro Partido va a defender justo la contrario, que es que el recorte de las políticas sociales debe ser siempre el último y desesperado recursos de la administración, y jamás el primer recurso de ahorro, nunca el recurso fácil como ha hecho este gobierno.
El Gobierno Regional tiene un amplio margen de recorte de su gasto sin necesidad de gravar a los más desfavorecidos.
El recorte no afecta de ninguna manera la estructura de la Administración, que no recorta ni su estructura ni el número de altos cargos que con el Gobierno de socialistas y regionalista se ha incrementado más del 60%. A los gastos improductivos del Gobierno de Cantabria, que son el capítulo presupuestario que más ha crecido en los últimos 7 años, ni a las empresas públicas de este Gobierno
Que se recorten de las ayudas a las madres y del copago de las ayudas a la dependencia y no de gastos corrientes en las empresas públicas es realmente intolerable.
Por esto, el Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley cuyo objeto es doble:
Rechaza la práctica eliminación del Programa de Ayudas a las Madres, así como el aumento de la aportación económica de las personas beneficiarias de las ayudas contempladas en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la conocida como Ley de la Dependencia.
E insta al Gobierno de Cantabria a modificar el Plan Económico Financiero de Reequilibrio para los años 2010-2012 sustituyendo las aportaciones obtenidas por medio de la práctica eliminación del Programa de Ayudas a las Madres, así como el aumento de la aportación económica de las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Ley de la Dependencia , por una reducción de las transferencias corrientes que se recogen los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria al Sector Público Empresarial y Fundacional que no estén asociados con la sanidad, la educación o el bienestar social.
