TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA
Buenos días:
Hemos convocado esta rueda de prensa para informarles de que el próximo lunes se debatirá una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, instando al gobierno a la resolución inmediata del concurso de las licencias locales de Televisión Digital Terrestre que fue convocado hace ya más de 14 meses.
Nuestro Partido no entiende qué está ocurriendo con la resolución de este concurso, convocado el 30 de enero del 2009 y sobre el que el entonces Consejero de Industria, el Sr. Del Olmo dijo que se haría con la máxima celeridad, toda vez que es la segunda vez que se convoca; ya que el anterior concurso fue anulado por el propio gobierno por motivos no especialmente claros.
Este nuevo concurso fue convocado, como dije, el 30 de enero de 2009, fijando un plazo de sesenta días a las empresas concursantes para la presentación de las ofertas y los proyectos técnicos.
Esto quiere decir que el gobierno entiende que un plazo de 60 días es un plazo razonable para que las empresas elaboren sus propuestas técnicas y administrativas, consigan los avales de las garantías provisionales, etc. Pero este plazo parece que no es suficiente para que los técnicos del gobierno evalúen, con un baremo perfectamente estructurado, dichas ofertas. Algo que no nos podemos creer.
Puesto que esta demora de 12 meses en resolver sólo nos deja dos opciones: o la incompetencia supina de la consejería, o una ingerencia sobre el sentido de la resolución. Nosotros tenemos la seguridad de que la segunda opción es la real, ya que la primera es impensable.
Eso es así porque no se entiende como el gobierno es incapaz de resolver un concurso que él mismo ha diseñado y en el que él mismo ha fijado una serie de baremos cuya aplicación es francamente sencilla.
Si el concurso lo ha diseñado la propia Consejería, si los criterios técnicos y administrativos los ha fijado la propia Consejería, entendemos que tal demora es sumamente sospechosa.
Los mismos técnicos que diseñaron el concurso no pueden tener ningún problema para evaluar las ofertas, ya que priman criterios objetivos y han tenido tiempo muchísimo más que suficiente.
Por tanto sólo podemos pensar que existe algún tipo de desencuentro entre la valoración técnica objetiva y los intereses de alguna parte del gobierno. Da la sensación de que alguien en el gobierno está vetando el resultado del concurso, porque una demora de 12 meses es absolutamente incomprensible desde otro punto de vista.
Nuestro partido ha actuado con prudencia y con paciencia en este asunto, a pesar de las reiteradas promesas de la Vicepresidenta Gorostiaga y de los Consejeros de Industria, Del Olmo y Sota, de que su resolución es inminente.
Esa promesa la han reiterado a los medios de comunicación, cuando han sido preguntados por la cuestión, y también a los responsables de varios de los medios que han optado a dichas concesiones, pero lo cierto es que algo extraño ocurre cuando un mero acto administrativo se demora de esta forma sin razones objetivas que lo justifiquen.
Lo que convierte esta demora en un problema de cierta gravedad es que se está comprometiendo la viabilidad de algunas de las empresas licitantes, sobre todo desde que se produjo el "apagón analógico".
Cierto es que algunas de las empresas que concursan, que son empresas que ya venían emitiendo en señal analógica, lo siguen haciendo en la actualidad, pero también es evidente que la mayoría de los hogares de la región han tenido que adaptarse a la nueva tecnología, y eso significa que muchos cántabros ven la televisión a través de la señal digital y han abandonado la recepción analógica.
Eso se traduce en una reducción significativa del número de espectadores de las televisiones locales, y por tanto una merma en los ingresos publicitarios, que son la principal y casi exclusiva fuente de ingresos de estas empresas.
Teniendo en cuenta la situación económica, que ya de por sí ha restringido la contratación de espacios publicitarios, la viabilidad de estas empresas está gravemente comprometida, y, lo que es peor, penden de un hilo un importante número de puestos de trabajo.
ES, por tanto, inconcebible que el gobierno, por intereses que se escapan a nuestra comprensión, esté poniendo en riesgo el trabajo de estos profesionales, y la viabilidad de estas empresas.
Y no sólo eso, es que además se está causando un perjuicio a los cántabros que utilizan a las televisiones locales como fuente de información de proximidad.
El propio gobierno, en su concurso, reconoce el carácter de servicio público de las televisiones locales, y no se puede entender que por su incapacidad o por motivos que no se revelan, tal servicio público esté seriamente perjudicado.
Ningún momento es adecuado para poner en jaque a empresas de la región y los puestos de trabajo de tales empresas, pero a nadie se le escapa que en el contexto actual es una grave irresponsabilidad del gobierno que un mero acto administrativo ponga en riesgo la viabilidad de empresas y puestos de trabajo.
Por eso vamos a pedir a los grupos socialista y regionalista que apoyen esta proposición para instar al gobierno a la inmediata resolución del concurso, y, si no lo hacen, al menos que expliquen qué motivos justifican tal retraso, ya que nuestro grupo, ni tampoco muchas de las empresas que han concursado por tales licencias, entienden a qué se debe esta demora tan perjudicial para el sector.
El gobierno debió resolver el concurso antes de efectuar el apagón analógico, y desde ese momento, cada día que pasa, se agrava la situación de estos medios de comunicación.
Nosotros, sinceramente, creemos que hay intereses poco confesables en esta demora. Algún conflicto político hay en el seno del gobierno cuando se ha necesitado más de 12 meses para adoptar una decisión que se supone técnica, tal y como se ha denunciado desde sindicatos y otros colectivos.
Contrasta esta demora con la rapidez con que el Gobierno firmó un contrato con Astra para la difusión de la TDT, adelantándose incluso a la solución global adoptada por el gobierno de España, contrato posteriormente anulado, lo que ahora mismo está en los tribunales y puede costar a los cántabros una cantidad de euros nada desdeñable.
En todo caso nuestro partido opina que lo ideal sería que el gobierno resolviera el concurso antes de que se produzca este debate el lunes, pero mucho nos tememos que hay algún extraño obstáculo que lo impide. Un obstáculo que, desde luego, nada tiene que ver con criterios técnicos.
