TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA:
Quiero hablarles hoy de la preocupante - y por todos conocida- situación derivada de las sentencias firmes de derribo en nuestra CCAA. 23 Sentencias de Derribo, cerca de 600 viviendas afectadas y, sobre todo, unas víctimas inocentes condenadas a sufrir un calvario al que debemos poner fin.
Un problema de envergadura hoy en Cantabria que por sus consecuencias humanas, pero también por su repercusión jurídica, social y económica - y estoy pensando en unas demoliciones y consecuentes indemnizaciones estimadas en más de 200 millones de euros-, lo es de todos y lo es de interés público y general.
Un problema que estamos moral y políticamente obligados a resolver de la única forma que cabe hacerlo: haciendo primar el interés público y social, reparando el daño injustamente causado y minimizando sus indeseables consecuencias tanto sobre los afectados como sobre la sociedad de Cantabria en su conjunto.
Creo que el Partido Popular ha demostrado sobradamente lo que cabe de esperar de nosotros ante esta situación: Lealtad a Cantabria y a los intereses de Cantabria y responsabilidad política, mucha responsabilidad.
Solo nos preocupan las SOLUCIONES y por eso nunca hemos hablado de culpas, sino de responsabilidades compartidas. Por eso y para eso, hemos estado cerca y colaborando con los afectados cómo nos lo han pedido; hemos estado empeñados en mantener la unidad de acción que sabemos es un importante activo en este proceso; y hemos estado dejando trabajar al Gobierno y permanentemente dispuestos a la colaboración. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo.
Y precisamente en ejercicio de esa prudencia y esa responsabilidad que nos ha caracterizado, es obligado decirle al Gobierno de Cantabria algunas cosas hoy.
La primera. Que ya ha perdido todo el tiempo y más del que podía perder. Que tiempo es lo que ya no les queda a los afectados y que el reloj sigue corriendo en contra de la solución y en contra de los intereses de Cantabria.
Podría irme más atrás en el tiempo pero no lo voy a hacer. Basta con remontarse a ese 17 de diciembre de 2007 en el que un mandato unánime del Parlamento de Cantabria instaba al Gobierno a elaborar, en el plazo más breve posible, un plan encaminado a dar solución en la medida de lo legalmente viable a esta situación.
Un plan que debía abordar, entre otros extremos, la posible legalización de los inmuebles, las indemnizaciones por responsabilidad y en el que ya entonces se contemplaba la posibilidad de recurrir a iniciativas legislativas para permitir la viabilidad de la solución propuesta.
Y ya ven ustedes. "El plazo más breve posible" se convirtió en año y medio. Año y medio que es lo que tardó el Gobierno en remitir al Parlamento y a los tribunales un documento digno de llamarse Plan.
Porque lo que se remitió en octubre de 2008 no fue otra cosa que un simple análisis de situación y malo; un documento vacío de compromisos, plazos y presupuestos y un documento que necesitó de una segunda versión mejorada que no llegó hasta julio de 2009.
Un Plan, el de julio de 2009, que partía de una premisa inadmisible como la de eludir la asunción de cualquier obligación y responsabilidad por parte del Gobierno Regional para desplazarlas todas sobre los Ayuntamientos, y un Plan que este Gobierno nunca hizo suyo y nunca defendió como suyo.
Un Plan que como ustedes saben, el TSJC terminó desautorizando expresa y definitivamente siete meses después.
Es decir, más de DOS AÑOS. Más de dos años estudiando, más dos años paseando soluciones que no lo eran, más dos años generando expectativas en unos afectados que se aferraron al plan como tabla de salvación y más de dos años durante los que las ejecuciones han seguido su implacable curso. Más de dos años y hoy seguimos sin una solución.
Es evidente que una vez fracasada la vía administrativa, se impone un cambio de escenario y de estrategia: se imponen las soluciones legislativas. Una vía a la que ya apuntaba la resolución de 2007 y que nunca había sido elegida o explorada por el Gobierno. Pues bien, nuestra preocupación hoy sigue siendo la misma: la de ver cómo el Gobierno está consumiendo un tiempo del que no disponemos.
Por eso, este es el momento de decirle al Gobierno que el tiempo de estudiar ya pasó. Que es el momento de trabajar y que hoy no hay nada más importante para el Sr. Mazón, para su Departamento y para este Gobierno que sentarse a trabajar. Sentarse a trabajar y no levantarse hasta que sean capaces de alumbrar una solución. Porque en eso y no en otra cosa consiste la acción de gobernar.
La segunda cuestión importante
Es que este Gobierno ha de ser capaz de liderar un pacto político e institucional por el que se declare de interés público y social, es decir, de interés general, la situación urbanística que atraviesa la CCAA. Y que para eso se requiere voluntad política, capacidad y determinación.
Pues bien, eso es exactamente lo que le pedimos al Gobierno hoy. Voluntad política, capacidad y determinación. ¿Y por qué digo esto?
Muy sencillo. Porque nos inquietan enormemente los sucesivos aplazamientos del Sr. Consejero en dar a conocer su propuesta o su solución, como nos alarman las constantes contradicciones y la ambigüedad que estamos percibiendo en el Gobierno desde el pasado mes de febrero.
Fíjense.
Primero el Consejero Mazón. QUE anuncia el día 15 de febrero en la Comisión de Seguimiento que respalda y va a volcarse en una ley para evitar los derribos de viviendas. QUE dijo contar con el respaldo del Presidente Revilla que esta muy preocupado- a pesar de no haber movido un dedo desde el año 2003-, y QUE se compromete a reunir a dicha Comisión en un mes con el fin de dar a conocer su propuesta definitiva, con la presencia añadida del Consejero de Justicia y de los Portavoces.
Después el Sr. Presidente, el Sr. Revilla. Que al día siguiente, dia 16 de febrero, dice que ha estado al frente de los derribos desde el primer día - nadie lo diría- y que cuando habla el Consejero de Obras Públicas habla el Presidente.
Pues bien. Solo diez días después, el mismo, el Sr. Revilla nos sorprende con un ataque de confusión desdiciendo al Consejero y desdiciéndose a sí mismo y afirmando que no va a hacer ninguna ley para salvar viviendas.
Por si eso fuera poco, el Consejero que un mes antes se había comprometido a explicar y dar a conocer los detalles de su propuesta para dar solución a los derribos, se presenta ante la Comisión de Seguimiento del mes después, 16 de marzo, con las manos vacias, para decir que sigue estudiando, que todavía no hay nada pergeñado y para pedir una nueva prórroga por un mes.
Eso si, después de haber convocado un Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo a instancias de ARCA y de un entente cordial del que parece derivarse su predisposición a negociar moratorias, el Consejero nos deja nuevamente atónitos: El objetivo es ahora el de mejorar la normativa urbanística y no el de salvar urbanizaciones afectadas por sentencias firmes de demolición. "Si alguna urbanización se salva, bienvenido sea".
Yo creo que esto y a estas alturas merece como mínimo una explicación.
Los afectados salieron de la última reunión de la Comisión preocupados, mucho más preocupados de que lo estaban un mes antes y el Partido Popular también. Porque una vez más, faltaron hechos y soluciones y una vez más sobran incumplimientos y sobra incertidumbre.
Y por eso, este llamamiento al Gobierno. Para pedirle la absoluta claridad en sus posicionamientos, y para pedirle voluntad política, máxima diligencia y toda la determinación. Porque no cabe esperar confianza, hechos y soluciones de quien da la sensación de ir dado tumbos. Y a menudo este Gobierno, la da.
Para terminar y como última reflexión.
Nadie ha tenido más y mejores aliados para abordar este asunto que sabemos que es complejo, que este Gobierno: El Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo, el Parlamento de Cantabria, los grupos políticos, los Ayuntamientos afectados, las víctimas y la sociedad de Cantabria. Y por lo que respecta al Partido Popular va a seguir teniéndolos, porque aquí estamos dispuestos a colaborar desde la lealtad y responsabilidad con Cantabria, dispuestos a alcanzar un consenso y dispuestos a seguir aportando soluciones. Hoy en este asunto, como lo hemos estado en otros tantos a lo largo de la legislatura.
Ahí ha estado y ahí continúa estando el Partido Popular a través de sus Alcaldes. Alcaldes que son los que han propuesto soluciones, propuestas útiles que son las únicas conocidas que hay hoy sobre la mesa y que han de ser valoradas y tenidas en cuenta a la hora de conformar una solución
y ahí está el Partido Popular a través de su Grupo Parlamentario, que ya ha manifestado públicamente su apoyo a la adopción de soluciones legislativas, que continua esperando a ser convocado a una reunión de la Comisión de Seguimiento para conocer una sóla propuesta del Gobierno- que a pesar de reiterados anuncios lleva semanas posponiéndose-, y que estará en condiciones de hacer aportaciones una vez nos sea trasladada la propuesta del Gobierno.
