Partido Popular en Cantabria

A comienzos de la pasada legislatura Revilla llevó al Presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, a los tribunales porque denunció una operación sorprendentemente sospechosa en un proyecto de Pesir en El Bojar. Muchos lo recordarán.

La querella de Revilla fue archivada, al igual que el proyecto sospechoso (cosa curiosa, por cierto, que un proyecto estratégico de interés regional se olvide para siempre cuando saltan las alarmas sobre presuntos tratos de favor).

Este fue el primer caso de trasladar la política a los tribunales (desde que gobierna la coalición regionalista-socialista) y su impulsor fue, ni más ni menos, que el Presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla.

El Consejero Oria, cuya actuación chapucera y llena de errores administrativos en el caso Lagunilla no ha sido considerada delictiva por el Tribunal Superior de Justicia, habla de que el Partido Popular "judicializa la vida política", pero olvida que fue el gobierno quien retó a la oposición a acudir a los tribunales cuando se le pidieron explicaciones en el Parlamento.

Este gobierno ya tiene en su haber un Consejero condenado, pero no lo fue por una denuncia de nuestro partido, sino de unos trabajadores afectados por la conducta del Sr. Del Olmo.

Este gobierno tiene a otro Consejero en los tribunales, el Sr. Marcano, y no lo está por una denuncia del Partido Popular, sino por la de unos ciudadanos.

En todos estos casos la reacción de los miembros del gobierno no ha sido, como era esperable, la de ofrecer explicaciones, facilitar información o asumir responsabilidades en el plano político, sino la de perseguir el origen de las filtraciones, y, en algún caso, la de arremeter contra los propios medios de comunicación que se hacen eco de las denuncias.

En la Consejería de Marcano incluso se distribuyó una circular a los funcionarios avisándoles de que se abriría su correspondencia, (incluso la privada), lo que de producirse es una vulneración intolerable de los derechos más elementales.

Ahora es Oria el que anda a la caza del topo que, según sus pesquisas, le ha dejado en tan mal lugar. No le hemos escuchado hablar de perseguir los errores ni la incompetencia, sino las filtraciones.

Se cree absuelto de toda falta porque el TSJC archiva la querella, e incurre en un error muy común entre los miembros de este gobierno, como es pensar que lo que no es punible penalmente es que es correcto.

Esa es la línea de pensamiento que judicializa la vida política, porque en la actividad pública existe un nivel de responsabilidad que no es necesariamente penal, y que, por tanto, no paga las faltas con condenas, sino con el mero cese.

Pero como aquí muchos piensan que los errores y alguna que otra corruptela son tolerables, incluso "correctos" mientras no exista sentencia penal en contra, la oposición no tiene, a veces, más camino que el indeseable camino del juzgado.

Y aún así, como han visto, nuestro partido sólo acude a la vía judicial cuando se han cerrado todas las vías políticas y parlamentarias.

Este es un gobierno que no entiende de responsabilidad política y que reta continuamente a la oposición a acudir a los tribunales en cuanto se pone en cuestión alguna actuación de sus miembros.

Es la única vía que dejan abierta a la oposición y a los ciudadanos, no sé, pues, por qué se extrañan de que sea una vía con tanto tránsito.

De momento, ya tenemos el dudoso honor de tener un exconsejero condenado a inhabilitación y cárcel; y si el gobierno se empeña en huir de cualquier responsabilidad política y en escudarse en la vía penal, es normal que pasen estas cosas.

Artículo de opinión publicado el 13 de enero de 2010 en www.claudioacebo.com