La diputada regional preguntó al Gobierno por los motivos de esta nueva reforma con la que "ni el suelo rústico de especial protección está hoy libre de un PSIR". "Ya han eliminado la última traba: han saltado el último escollo a la barra libre, al PSIR para todos", dijo. En este sentido la portavoz de Urbanismo del PP explicó que a partir de la aprobación de esta Ley, en los municipios con instrumentos de planeamiento urbanístico no sometido a tramitación o evaluación ambiental, es decir todos los que tienen plan antiguo, podrán aprobarse PSIRES en suelo de protección especial. Bastará para ello con un informe ad hoc.
Sáenz de Buruaga pidió al Gobierno "un gesto de transparencia, de responsabilidad y de respeto al territorio y al medio ambiente". "Sé que no puedo pedirle - o que puedo, pero me va a dar igual - que retire esta ley de medidas fiscales que va a aprobar el próximo viernes, pero sí le pido que acepte la enmienda de supresión que, en lo que afecta a la modificación de la Ley del suelo, mantiene viva el Grupo Popular", concluyó.
TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA:
La razón de esta convocatoria es, en primer lugar, la de darles a conocer el último desvarío de este Gobierno. Desvarío que es esa nueva reforma de la Ley del Suelo de Cantabria que pretende "pasar oculta y envuelta" en ese mare mágnum que es la Ley de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero para el año 2010.
Una reforma inaceptable en cuanto a sus formas, puesto que se produce a través de la mencionada ley de acompañamiento y, lo que es aún peor, a través de las enmiendas presentadas a la misma por los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno. Es decir, por la puerta de atrás, una vez más de espaldas a los principales afectados que son los Ayuntamientos de Cantabria, bajo mínimos controles jurídicos o sin el pronunciamiento del CES que rechaza emitir informe.
Y una reforma mucho más preocupante en cuanto al fondo. En primer lugar porque se materializa cuando apenas han transcurrido 5 meses desde la última, evidenciando un gobierno sin modelo y que va de ocurrencia en ocurrencia; y en segundo lugar, porque encierra en una nueva tropelía del Gobierno de penosas consecuencias y ajena- otra vez- al interés general.
Y a la luz de estos hechos, es inevitable hoy reflexionar sobre algunas cuestiones que desde luego no son menores.
Es inevitable reflexionar sobre "la ajetreada historia" de la Ley del Suelo de Cantabria.
La Ley 2/2001 que todos calificamos en su día como positiva y necesaria y que gozó de un inmenso valor añadido. "El del consenso". El pacto entre los 3 partidos políticos con representación parlamentaria entonces, que son los mismos de hoy.
Una ley que desde el año 2003 ha sido modificada en un sin fin de ocasiones- en agosto de 2003, en septiembre de 2004, a través de todas las Leyes de Acompañamiento desde 2005 o la última vez en junio de 2009.
Modificada siempre de la misma manera: apartándose del necesario consenso inicial. Modificada siempre con un único objetivo: el de acaparar más poder sobre la política urbanística por parte de este Gobierno, y sobre todo, por parte del Partido Regionalista de Cantabria. Y modificada siempre bajo la misma máxima: la de primar el interés particular sobre el interés general.
Tanto que hoy se puede concluir, que esta Ley ha dejado de ser un instrumento al servicio de los cántabros para convertirse en un instrumento al servicio de los intereses del Gobierno.
Y mi segunda reflexión lo es para la política que en materia de urbanismo y ordenación del territorio ha desplegado este Gobierno.
Un Gobierno sin modelo de ordenación territorial o lo que es lo mismo sin PROT; un Gobierno que ha condenado a Cantabria a la parálisis - con cuatro PGOU aprobados - y los demás sin adaptar aún a esa ley del suelo o al POL; un Gobierno con unas NUR anuladas por resolución judicial y aún hoy sin aprobar; un Gobierno que tras años de dejación y de abandono sigue sin dar solución definitiva a los afectados por sentencias de derribo; o que mantiene tras no pocos engaños el bloqueo de la vivienda unifamiliar en suelo rústico.
Una política que, en definitiva, ha sembrado conflictividad institucional, atentados contra la autonomía municipal, parálisis e inseguridad jurídica y que ha sido incapaz de solucionar nuestros problemas.
Hoy la pregunta es: ¿de qué se ha ocupado este Gobierno a lo largo de estos más de 6 años? Y yo se la voy a responder: del PSIR.
Y si no, fíjense en su prodigiosa evolución en manos de este Gobierno. PSIRES que inicialmente y por acuerdo de todos, comenzaron siendo un instrumento de carácter absolutamente excepcional, limitado a una finalidad concreta como las instalaciones industriales o grandes equipamientos, y únicamente admisibles sobre el suelo urbanizable o rústico de protección ordinaria.
PSIRES que a través del POL se ampliaron a vivienda protegida y extendieron su ámbito sobre el suelo urbano, bajo el argumento de que iban a ser una fórmula casi milagrosa que permitiría en tiempo récord la eclosión de suelo industrial y vivienda protegida en Cantabria.
PSIRES que a través de la Ley de Acompañamiento de 2005 pretendieron institucionalizar el privilegio, exonerando a sus promotores de los deberes urbanísticos que impone la ley; una pretensión en la que el Gobierno tuvo que dar marcha atrás al toparse con un recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular de éxito seguro.
Y PSIRES a los que, cuando apenas han pasado 3 meses de la última reforma de la ley del suelo y a través de esta Ley de Acompañamiento, el Gobierno pretende dar una nueva vuelta de tuerca por la puerta trasera.
Quizás la última y definitiva, porque a mí no se me ocurre nada más para dar luz verde a su generalización sin límite alguno. Y es que gracias a esta nueva reforma que el Gobierno ha pretendido ocultar a la sociedad de Cantabria, ni el suelo rústico de especial protección está hoy libre de un PSIR. Ya han eliminado la última traba: "Han saltado el último escollo a la barra libre, al PSIR para todos".
Y es que a partir de la aprobación de esta Ley, en los municipios con instrumentos de planeamiento urbanístico no sometido a tramitación o evaluación ambiental - es decir todos los que tienen plan antiguo podrán aprobarse PSIRES en suelo de protección especial. Bastará para ello con un informe ad hoc.
Es decir, hoy nada está permitido en estos suelos, salvo un PSIR. Un alarmante contrasentido y una actuación que no deja ninguna duda acerca del proceder y de los intereses que guían la acción del Gobierno. Un Gobierno que tarda años, más de 6 en buscar soluciones a un drama social y un problema político de primera envergadura que jamás se ha tomado en serio como son las sentencias de derribo, pero que sin embargo en poco más de un mes y 20 días es capaz de ventilar otra reforma de la ley del suelo que sólo a él interesa y que tiene muy poco que ver con el interés general. Yo creo que es para tomar nota y preocuparse.
Yo hoy les invito a analizar esa cuenta de beneficios tan apabullante de los PSIRES. ¿Para qué han servido? ¿Para poner en marcha más suelo industrial y más rápido? Mucho me temo que NO. ¿Cuántas viviendas protegidas se han construido gracias a un PSIR? Ninguna.
Salvo el PCTCAN, y el Parque Empresarial del Besaya que son obra del Partido Popular o el Tres Mares de este Gobierno, en los PSIRES de este Gobierno "hoy no hay de lo que tenía que haber".
El que no ha sido motivo de escándalo, fue suspendido, el que no está recurrido o lo que es peor, ha sido anulado por las constantes cacicadas de este Gobierno.
Ante este nuevo abuso que nada tiene que ver con la solución de nuestros problemas lo que la responsabilidad nos dicta es,
Primero, exigir explicaciones al Gobierno, esas que no ha hecho públicas de motu propio y que tampoco ha dado durante el debate de las enmiendas en Comisión. Precisamente, porque un Gobierno transparente tiene la obligación de explicar lo que hace y porqué lo hace, en lugar de tratar de esconderlo.
Ha de dar la cara y aclarar que es lo que se esconde detrás de este cheque en blanco a los PSIRES, qué proyectos o qué negocios tiene en mente en esos suelos que un día un plan general protegió por algún motivo o qué nuevos intereses han aparecido hoy que no existían cuando se redactó el POL, ni hace 3 años, 2 años, un año o 5 meses.
Y segundo. Pedirle una última reflexión. Un gesto de transparencia, de responsabilidad y de respeto al territorio y al medio ambiente. Sé que no puedo pedirle - o que puedo, pero me va a dar igual - que retire esta ley de medidas fiscales que va a aprobar el próximo viernes, pero sí le pido que acepte la enmienda de supresión que, en lo que afecta a la modificación de la Ley del suelo, mantiene viva el Grupo Popular.
Porque cuando hablamos de un instrumento legislativo de esta naturaleza la primera obligación de un Gobierno es buscar consensos en lugar de su imposición y porque la nuestra es evitar una nueva barbaridad, en la forma y en el fondo.
