TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA:
En los últimos tiempos se está dando un problema que está siendo percibido por los cántabros como causa de serias penalidades a quienes están directamente afectados, que genera notable alarma social y que puede tener un alto coste económico, en el caso de que no se aporte por el Gobierno las soluciones eficaces y a tiempo, y me estoy refiriendo a las sentencias de derribo que pesan sobre diversas urbanizaciones.
Los afectados organizados a través de una asociación, están llevando a cabo una encomiable labor de presión sobre las administraciones.
Desde el Partido Popular, conscientes de la trascendencia social y económica, nos hemos puesto en disposición de trabajar conjuntamente con el Gobierno en la determinación de la mejor solución posible en cada caso. Y aprovecho esta ocasión para una vez más, ofrecer nuestro apoyo al Gobierno regional.
Cierto es también que el Parlamento de Cantabria aprobó una iniciativa parlamentaria por unanimidad, por la que se le instó en su día al Gobierno a la redacción de un Plan, precisamente para dar solución a las sentencias de derribo.
Lamento tener que dejar constancia de que, una vez más y en este caso, al Gobierno le ha faltado determinación y tarde ha presentado a los afectados y a los ayuntamientos un Plan con demasiados errores e inexactitudes y que por demás resulta incompleto.
Un Plan al que tanto ayuntamientos como afectados, ya han aportado alegaciones y sugerencias en el ánimo de mejorarlo.
Pero una vez más el Gobierno ha paralizado el proceso, ha entrado en la inacción y en este impás se han producido nuevas sentencias del Tribunal Supremo, que confirman los derribos, y que por cierto en todas ellas, hasta ahora, se declara siempre la corresponsabilidad del Gobierno Regional.
El reloj corre en contra de los afectados, y los jueces necesitan nuevos elementos que supongan compromisos concretos del Gobierno para abordar el problema con nuevas perspectivas. Pero el Gobierno sólo se mueve a golpe de resoluciones judiciales, como es el caso concreto de Cerrias.
En este caso, no queremos dudar de la voluntad del Gobierno por encontrar las soluciones adecuadas, pero sí creemos que es necesario, una vez más, instarle al Gobierno a asumir compromisos concretos, que deben ser plasmados adecuadamente en el Plan.
Es decir, el Gobierno sin más demora, con total inmediatez, debe corregir, dar mayor concreción y definición a los compromisos en ese documento, para darle inmediato traslado a los jueces y al Parlamento, donde encontrará a un Partido Popular en disposición de pro-actividad y colaboración para la determinación de soluciones.
Existen determinadas urbanizaciones que pueden ser legalizables. Imagínense que algunas sobre las que pesan sentencia de demolición y que al día siguiente de ser demolidas, podría darse la inaceptable paradoja de que sobre ese mismo solar, se pudiera obtener una licencia legal para volver a construir.
Quiero concluir manifestando nuestra disposición, una vez más, a colaborar con el Gobierno en la definición de las soluciones, por la vía de la asunción de compromisos concretos, que permita presentar a los jueces nuevos elementos a tener en cuenta en la ejecución de las sentencias y con todo ello, evitar prolongar por más tiempo el calvario que padecen los afectados por la inseguridad en la que viven y además intentar también evitar el dispendio de importantes cantidades económicas, que ayuntamientos y Gobierno deberán de gastar si no se concretan las adecuadas soluciones.
