Partido Popular en Cantabria

SEGUNDA INTERVENCIÓN DE IGNACIO DIEGO

Señorías:

En junio, en el debate de Orientación Política de la Región, les propusimos trabajar conjuntamente con el único fin de sacar lo antes posible a Cantabria de la recesión. Quisimos compartir con ustedes nuestro modelo económico, pero ustedes se negaron.

Pues bien, ahora y dado el escaso tiempo de que dispongo, no voy a dedicarlo a polemizar de nuevo en torno a su mal presupuesto, respecto al que en mi primera intervención, creo haber dejado claro nuestra opinión.

Así pues, esta segunda intervención voy a dedicarla a exponer lo que ustedes no quisieron escuchar, es decir, voy a darles a conocer nuestra alternativa.

Si nuestro grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad es porque tiene una alternativa a estos presupuestos.

Las cuentas que ustedes presentan significan, a nuestro juicio, el camino más corto para convertir la situación actual de gravísima depresión económica y desplome del mercado de trabajo, en una situación crónica de la que Cantabria tardará muchos años en salir.

Incrementar la presión fiscal, incrementar los costes de la administración, descapitalizar las líneas estratégicas que pueden suponer una mejora de la competitividad regional, junto con la ausencia de reivindicación frente al Estado - que son, en definitiva, los ejes de los presupuestos que ha elaborado el Sr. Agudo - no nos van a permitir salir de la crisis, sino todo lo contrario.

Sr. Agudo, me va a permitir que le diga que usted, que es el responsable de desastres tan evidentes como el de la fábrica de GFB, que pasarán a los anales de la más absoluta incompetencia, carece de ninguna credibilidad para fijar la estrategia económica de toda una región.

Por el contrario, nuestro partido tiene ganado, por derecho propio, tal y como reconocen la mayoría de los ciudadanos, el crédito de ser más eficaz en la gestión económica.

Por eso nuestra alternativa es tan diferente a la suya y se articula entorno a 5 ejes:

1. Y el primero de estos ejes que proponemos, es la aplicación de una política de austeridad en la administración. Y se concreta en diez medidas.

- Una política real de austeridad significa la reducción y concentración de las áreas de la administración. Por ello, nuestra primera medida propone la reducción del número de Consejerías del Gobierno Regional y la concentración de sus competencias en menos departamentos. Supone, por tanto pasar, de las actuales 10 Consejerías, a 8.

No tiene sentido mantener esa Consejería de Empleo y Bienestar Social que ustedes inventaron, para poder dar a la líder socialista un sillón de Vicepresidenta en base al pacto de gobierno.

Nuestra propuesta, por tanto es su desaparición, regresando las competencias de empleo a la Consejería de Industria, donde han residido hasta hace sólo dos años, así como los departamentos relacionados con el bienestar social han de regresar a la Consejería de Sanidad.

De igual forma proponemos la desaparición de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y la distribución de sus departamentos y competencias de la siguiente forma: Cultura y Deportes a Educación, siguiendo el modelo de muchas otras administraciones, y Turismo a Industria, donde ya residió históricamente, habida cuenta de que el turismo, por encima del hecho cultural, es esencialmente un ámbito económico estratégico del sector productivo de Cantabria.

- En segundo lugar, consideramos esencial la drástica reducción de las empresas públicas y fundaciones vinculadas al sector público regional.

Si la proliferación de éstas, en un contexto de crecimiento económico es un error y un despilfarro, en la situación actual es insostenible por la cantidad de recursos que consumen para desarrollar cometidos que, hasta hace bien poco desarrollaban las consejerías con sus propios medios.

Cantabria, con menos de 600.000 habitantes no puede, en ninguna coyuntura y menos en la actual, mantener una estructura administrativa con 10 consejerías, 4 organismos autónomos, 8 entes autonómicos y 39 sociedades y fundaciones públicas, todas ellas con sus altos cargos, su personal y sus gastos corrientes.

Es inconcebible que una sola Consejería, como por ejemplo Industria, tenga adscritos 14 entes, entre sociedades y fundaciones, sin contar con que el Grupo Sodercan está constituido por varias sociedades individuales, lo que engrosa la lista hasta pasar de 20 entidades.

Pero es que La Consejería de Cultura tiene 6 sociedades públicas adscritas. Con unas cuentas guardadas bajo siete llaves, en razón sin duda, a los innumerables abusos que desde ellas se cometen.

Y si lo que digo no es cierto, permítannos mañana el acceso a ellas. Y si no lo hacen, será por lo mucho e inconfesable que en ellas esconden.

- En tercer lugar nuestra propuesta contempla la desaparición de la figura que ustedes inventaron, de los Subdirectores Generales, porque no sólo han creado una administración paralela e incontrolable, también han incrementado los costes de la administración ordinaria creando innecesariamente más altos cargos.

- Nuestra cuarta medida de austeridad implicaría la reducción de los salarios de los Altos Cargos del Gobierno, incluidos los directivos de empresas y entes públicos, en un 15%, del 37% que ustedes se han subido en estos seis años.

- En quinto lugar, nuestra propuesta contempla la reducción en un 50% de los puestos de asesoría y gabinete.

- En sexto lugar, nuestra propuesta plantea la eliminación de las encomiendas de gestión a entes públicos, que siempre da lugar a un notable encarecimiento del servicio prestado y además oculta las adjudicaciones al control de los ciudadanos a través del Parlamento.

- En séptimo lugar, nuestra propuesta contiene una reducción anual del gasto corriente no productivo del conjunto de la administración en un 10%. Siendo de aplicación a los departamentos de la administración general y a todas las empresas públicas. Esta medida de reducción no será aplicable a los gastos vinculados a ayudas de carácter social o sanitario.

- Como octava medida de austeridad, proponemos la limitación del endeudamiento público en inversiones de carácter ordinario o gastos no vinculados a inversiones estratégicas, reservando el recurso a la deuda, exclusivamente cuando esté vinculado a proyectos estratégicos - y por tanto excepcionales - relacionadas con grandes infraestructuras de apoyo a los sectores productivos, grandes infraestructuras sanitarias, planes estratégicos de desarrollo comarcal e inversiones en investigación, desarrollo e innovación.

- En noveno lugar, reducción de las transferencias corrientes y de capital a empresas públicas por un importe de 50 M €, centrándose tal reducción en aquellos entes y empresas públicas que no tienen carácter inversor.

- En décimo lugar, incrementar las inversiones productivas del Gobierno de Cantabria, especialmente aquellas que dinamicen el crecimiento económico, fomenten la competitividad y, por tanto, contribuyan a la generación de empleo, con los recursos obtenidos por medio del ahorro del gasto corriente, generado por la aplicación de las anteriores propuestas.

2. El segundo eje de nuestra propuesta económica para salir de la crisis y mejorar la competitividad regional contempla la definición de las áreas fundamentales de inversión pública:

El desarrollo marco de un pacto regional por la educación y el impulso de la formación profesional en todos sus subsistemas, con inversiones específicas en la formación de los jóvenes y los trabajadores activos en las profesiones emergentes, especialmente aquellas vinculadas con el desarrollo tecnológico y la innovación.

Así mismo, un Plan de Formación dirigido a la especialización de trabajadores activos, financiada por el gobierno e impartida a través de las propias empresas.

Este segundo eje de nuestra propuesta económica, contempla medidas de concentración de la inversión en el sostenimiento de la actividad y con ello del empleo de los sectores productivos tradicionales o maduros del tejido económico regional.

Para ello es indispensable un Plan de Vivienda que permita el mantenimiento del empleo en el sector de la construcción residencial y la obra pública, permitiendo, además, un incremento sustancial de la oferta de vivienda protegida.

Este Plan, debiera acompañarse de medidas complementarias para el acceso a tales viviendas de los ciudadanos con menores ingresos.

En este eje también contemplamos la elaboración de Planes Estratégicos Comarcales, destinados al desarrollo armónico de la región, priorizando éstos en función del desempleo en las diferentes comarcas.

Y la elaboración de planes estratégicos sectoriales para la ganadería, la pesca y el sector forestal.

Considerando necesario una atención especial, a unos sectores de gran peso en el empleo regional, como son los sectores del comercio y el turismo.

3. El tercer eje de la propuesta económica contempla medidas excepcionales, vinculadas a la evolución del mercado de trabajo, con el fin de cambiar la evolución negativa del empleo.

Es fundamental considerar la situación de más de 16.000 cántabros, y sus familias, que no perciben retribución alguna, por encontrarse en paro y no ser preceptores de prestaciones ni subsidios.

En este contexto, planteamos el Desarrollo de un Plan extraordinario de Empleo Local, que permita la contratación de desempleados de forma directa y temporal por las administraciones en la ejecución de obras y servicios que tengan como objeto la mejora del entorno productivo en el marco municipal, desde los Ayuntamientos.

Igualmente proponemos la creación de una línea específica de ayudas para la constitución y mantenimiento de empresas de inserción, con el fin de mejorar la empleabilidad de los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, especialmente hombres y mujeres mayores de 45 años en riesgo de exclusión social.

Creemos que un plan regional de empresas de inserción, es el instrumento adecuado para generar empleo en el marco de la prestación de servicios en aplicación de la Ley de la Dependencia.

Proponemos, además, una línea específica de ayudas de fomento del empleo de los nuevos autónomos, no vinculadas ni al crédito ni a la inversión, sino al mantenimiento de la actividad, con la financiación total o parcial de los costes de seguridad social.

4. El cuarto eje aborda la política fiscal.

Para nuestro partido la política fiscal es un importante instrumento de política económica, y creemos que deben contemplar un doble enfoque. Por un lado dejar más recursos a disposición de los ciudadanos con peor situación económica y social, por otro, mejorar las condiciones de competitividad de nuestras empresas.

Estamos, pues, en contra de las reformas que ustedes contemplan en sus presupuestos porque sólo tienen carácter recaudatorio, es decir, no tienen como fin una redistribución de la carga fiscal, sino solo el de incrementar los ingresos para que cuadren las cuentas.

Por otro lado sus medidas son inoportunas y pueden tener consecuencias indeseables, pues de un lado, gravan a quienes tienen menos recursos, a la vez que crean un agravio respecto de regiones limítrofes, pudiendo inducir procesos de deslocalización de grandes patrimonios.

Nosotros, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, pensamos que no se puede incrementar la presión fiscal en plena crisis, ya que su efecto es el de ahondar la depresión.

Son muchas nuestras propuestas, como quedará reflejado en su momento, pero yo voy aquí a destacar algunas de ellas.

Consideramos necesaria la implantación de bonificaciones fiscales para las empresas que creen empleo.

Por otra parte, siguiendo la recomendación de las Cámaras de Comercio, planteamos la exención del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados de las aportaciones que realicen los socios de sociedades para compensar las pérdidas societarias.

También planteamos el ajuste de los valores catastrales de los bienes objeto de gravamen en dicho impuesto para que se adecue a la realidad.

Así mismo, consideramos necesaria la rebaja de los tipos de este impuesto para compensar el incremento de los valores catastrales que ha aplicado el Ministerio de Economía y Hacienda.

Con carácter general, planteamos una reducción del 1% en los tramos autonómicos del IRPF.

Así como la reforma del tramo autonómico de éste impuesto para las familias y ciudadanos con menos recursos.

5. El quinto y último eje de nuestra propuesta trata sobre la necesidad de mejorar la eficacia en la gestión administrativa reduciendo la burocracia, ya que tal medida supone un importante ahorro de recursos para los ciudadanos y las empresas, a la vez que ha de permitir una mayor agilidad en el desarrollo de los proyectos estratégicos, especialmente los vinculados a la obra pública y el urbanismo, incrementando, además, la seguridad jurídica de privados y administraciones afectadas.

Hay, por tanto, que desarrollar los mecanismos necesarios para una reducción de plazos en la tramitación de expedientes administrativos.

También hay que considerar la aplicación del silencio administrativo positivo, con el fin de no cargar el perjuicio de la demora de la tramitación administrativa en los ciudadanos.

Y, por último, hay que establecer medidas para la reducción de plazos en el pago de subvenciones y ayudas públicas.

Este es, en definitiva, nuestro modelo. Un modelo para superar la crisis. Un modelo que mantiene e incrementa, en muchos casos, la capacidad de inversión del gobierno en proyectos esenciales para la mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo.

Un modelo que busca la estabilidad presupuestaria, no mediante el incremento de la recaudación por la subida de impuestos, sino mediante la aplicación de medidas de austeridad en el gasto público, reestructuración y redimensionamiento de la administración, y concentración del gasto de forma prioritaria en actuaciones estratégicas y políticas de cohesión social.