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El PP considera que existen actuaciones irregulares en el PSIR del Area Industrial Marina-Medio Cudeyo

La diputada regional del Partido Popular, María Antonia Cortabitarte, anunció que su grupo político formulará una serie de preguntas al Gobierno con el fin de aclarar "unas cuantas actuaciones irregulares que se están llevando a cabo" en el PSIR del Area Industrial Marina-Medio Cudeyo.

La parlamentaria regional del PP acusó además al Ejecutivo de mantener una actitud "injusta y abusiva" con los propietarios de los terrenos que se van a expropiar para ubicar la citada zona industrial.

TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA:

Informarles de las iniciativas que hemos presentado sobre el PSIR del Area Industrial Marina.Medio Cudeyo, y que se debatirán en el Pleno del lunes.

Se trata de siete preguntas con las que intentaremos que el Gobierno explique las actuaciones que está llevando a cabo en este PSIR

El Gobierno lo aprobó definitivamente en enero de 2008 y desde entonces hasta aquí nuestra máxima preocupación se ha centrado en la actuación del Gobierno con los propietarios de los terrenos afectados.

Unos afectados que están sufriendo una situación de incertidumbre e indefensión insoportables, debido a la actitud injusta y abusiva del Gobierno hacia todas esas personas que tienen dentro de ese área su vivienda, su negocio o sus terrenos y a los que el Gobierno ha tenido cinco años totalmente desinformados desde qe se aprobó el Plan de Ordenación del Litoral que es el que calificó toda esta zona como área industrial

Desde ese momento y hasta el día de hoy todos los afectados están viviendo con la inseguridad y la intranquilidad que supone desconocer que es lo que va a pasar con sus terrenos, sus casas o sus negocios.

Llevaban 5 años esperando que el Gobierno les diga qué es lo que va a pasar con sus propiedades, cuando de repente la primera noticia oficial que tienen del Gobierno después de esos cinco años es una carta que han recibido en octubre diciéndoles que les expropian al ridículo precio de 11,2 euros.

Nosotros nos hemos preocupado y hemos preguntado por la situación de estas personas en el Parlamento en varias ocasiones, el consjerjo anterior nos aseguró en el Pleno, en abril de 2008, que iban a hablar e iban a negociar con todos, y miren primera noticia después de 5 años: EXPROPIACIÓN A PRECIO DE SALDO

Después de la situación de angustia que llevan soportando todos estos años ahora se encuentran con este atropello del Gobierno porque tanto las formas que utiliza el Gobierno como el precio que ofrece es un atropello y un expolio.

Han tenido que estar aguantando todo este tiempo cómo el Gobierno daba plazos de ejecución y puesta en marcha de este polígono mientras a ellos nadie les daba información de nada.
Empezando por los anuncios del Presidente del Gobierno quien comenzó diciendo que para 2005 esto ya estaba urbanizado. Posteriormente los sucesivos consejeros de Industria han dado plazos que no se cumplían, y el último dado por el anterior Consejero el año pasado en el Parlamento es que las obras empezaban en enero o febrero del 2009 y que para mitad de 2009 ya habrá a disposición de las empresas 300.000 metros cuadrados.

Imagínense ustedes lo que suponía para los propietarios de los terrenos escuchar al consejero decir que ya empiezan las obras. mientras ellos, los dueños, no sabían nada de nada y veían cómo el Gobierno proyectaba y hacía planes sobre sus viviendas o sus negocios mientras ellos asistían como espectadores indefensos.

Y como les decía esta situación de incomunicación del Gobierno termina con un mazazo que reciben a principios del mes de octubre: Les expropian sus propiedades al irrisorio precio de 11,2 euros metro cuadrado; de los cuales 6,1 euros corresponde al precio del suelo y 5,1 es una indemnización por no permitirles participar en el negocio.

A las viviendas las ofrecen a un precio que resulta inferior a la mitad del precio de una VPO.

Para GFB, que está al lado, pagaron un precio de 24 euros, más del doble. ¿Cómo aquí, que está pegado, se atreven a ofrecer 11?

Es vergonzoso. El Gobierno lo sabe perfectamente porque se lo ha dicho el TSJ. Porque hay personas expropiadas para GFB que han llevado al Gobierno a juicio y el TSJ ha dicho que esos terrenos están mal valorados y que les tienen que volver a valorar. Pues si están mal valorados a 24 ¿cómo están los valorados a 11?

Pero a esa oferta irrisoria del Gobierno que está jugando impunemente con los intereses de estas personas, se unen las formas que está utilizando que superan lo imaginable: Mientras que oficialmente reciben la carta de expropiación a ese precio, al día siguiente en SICAN les ofrecen otra cosa, a unos a 17 a otros a 18. Fíjense si saben que los 11 euros es un robo.

¿Dónde queda el principio de buena fe y confianza legítima que debe regir las relaciones Administración-administrado? ¿Quién se puede fiar aquí de la actuación de la Administración?

Pero es que hay más: Es que hay intermediarios que van a las casas de estas personas ofreciendo cantidades mucho mayores para quedarse con los terrenos, 24 euros, 30, hasta 40 euros a alguno, intentando embaucarles y engañarles con que este vecino ya ha vendido, a ti te doy más.

Y miren cuando un proyecto está patrocinado y liderado por el Gobierno regional que aparezcan por las casas intermediarios que dicen venir en nombre del Gobierno a engatusar y confundir a la gente, es evidente que hay cosas muy oscuras y que el Gobierno está obligado a aclarar.

Esto suena a especulación y a engaño no hay más vueltas que darlo. Y la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los afectados es lo sucedido la semana pasada en la que las máquinas para hacer sondeos han entrado en sus terrenos sin pedir permiso a los propietarios, y diciendo que venían por orden del Gobierno. Es el colmo de los colmos.

Invaden la propiedad privada en nombre del Gobierno y aquí no pasa nada. Parece una actuación propia de la antigua Rusia comunista. Increíble que esto pueda estar pasando aquí en Cantabria y en el año 2009.

El Gobierno está actuando con total impunidad aprovechándose de una situación de superioridad, atropellando los derechos de estas personas sin ningún tipo de reparo, que se sienten atropelladas, engañadas y estafadas.

Por ello el lunes vamos a formular una serie de preguntas al Gobierno para que aclare todo lo que está ocurriendo. Para que nos aclare el proceso de expropiación y el valor que va a pagar por ella. Para que nos aclare cómo es posible que se haya producido esa invasión de máquinas en las propiedades particulares en nombre del Gobierno. Y para que nos aclare por qué se niega a enviarnos al Parlamento la documentación que le llevamos reclamando hace meses sobre todas estas cuestiones.

Le hemos pedido todo el expediente de expropiación y no nos le ha enviado. Le hemos pedido todo el proceso de selección del socio privado y no nos la ha enviado. Les hemos pedido información sobre el proceso de modificación que están haciendo ahora del PSIR. Les hemos pedido los acuerdos con los socios privados y no nos envían nada.

Y precisamente en la existencia de ese socio privado es donde está el meollo del asunto.

El suelo industrial público lo tiene que hacer SICAN que para eso existe.
Que es una empresa pública que puede hacer suelo y comercializarlo a precio de coste para que sea competitivo

Sin embargo, en el momento que entra un socio privado, en este caso es SODEPISA Cantabria S.L., esa es un empresa que se mete en un negocio lógicamente para ganar dinero, y evidentemente cuanto menos ganen los propietarios de los terrenos más ganará el socio privado.

El Gobierno está haciendo todo este expediente de expropiación en beneficio de una sociedad que es SUELO IND. Marina Medio S.l. en el que el 74,9 % del capital es privado, es del socio privado SODEPISA

Por tanto si es en beneficio de un socio privado ¿dónde queda el ineterés regional del PSIR y el interés general y el interés público de una expropiación forzosa?

La fórmula que está utilizando el Gobierno aquí es muy semejante a la que utilizó en el Ecoparque Besaya. Selección de un socio privado con el que luego han estado negociando un año completo.

Pues este procedimiento del Ecoparque ha sido anulado por el Tribunal de Justicia de Cantabria por fraude de ley, así que veremos a ver como acaba este.

Lo grave de este caso, es que todos sabemos que existe una empresa de verdad interesada en instalarse allí, que es el Banco Santander, con el que el Gobierno ha firmado unos compromisos para facilitarle el suelo (no conocemos las condiciones ni los plazos, porque el Gobierno tampoco quiere remitir al Parlamento ese acuerdo), pero lo que sabemos a través de los medios de comunicación es que el Banco hablaba de ejecutarlo en 18 meses y han pasado ya 6 y el Gobierno todavía ni ha adquirido el suelo, y con las formas de actuar que tiene y el ridículo precio que ofrece esto puede ir para largo.

Todo ello unido a las dudas más que razonables sobre la legalidad de todo el procedimiento de selección de socio privado hace que ahora mismo podamos estar ante una nueva chapuza del Gobierno que si fracasa también será culpa del PP, como todo.

Esperemos que el lunes el Gobierno nos aclare todo este cúmulo de interrogantes que rodean a este PSIR, nos aclare sus formas de actuar y qué es lo que pretende con ellas, y que sus respuestas sirvan para dar un poco de tranquilidad a los propietarios de los terrenos, que son gente normal y corriente que contemplan perplejos como su propio Gobierno regional está especulando y jugando con sus propiedades, y que pretende sacarles de sus casas y sus terrenos atropellándolos con sus formas y por un precio ridículo.

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