Bartolomé criticó el volumen de reformas que se pretenden acometer a través de esta ley, ya que dificultarán considerablemente la labor parlamentaria de la oposición. "Es obvio que a menos de un minuto por cada modificación no cabe un verdadero debate, por lo que este proyecto es una burla a los ciudadanos y al Parlamento, consentida por los grupos que apoyan al Gobierno".
"De hecho, el CES se ha negado a dar opinión sobre numerosos aspectos de la ley, por separarse el proyecto de los temas que debieran ser su único objeto, y por carecer el expediente de Memoria Económica justificativa de las principales modificaciones. Estos aspectos son también criticados por el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno".
Entrando más al detalle en las reformas previstas, Bartolomé subrayó "el regreso del Impuesto de Sucesiones. Se trata de un impuesto injusto por gravar el ahorro del causante, por lo que fue prácticamente eliminado en 2002 por un Gobierno PP-PRC entre ascendientes y descendientes y que vuelve ahora de la mano de un Gobierno PRC-PSOE al eliminarse la reducción por coeficientes, que se sustituye por unas bonificaciones hasta el tope de 325.000 euros".
"La reforma afecta especialmente a las clases medias, en definitiva a la mayor parte de los ciudadanos de Cantabria, y va a tener consecuencias negativas por el efecto frontera, ya que prácticamente no existe en comunidades limítrofes".
El diputado regional del Partido Popular relató otras modificaciones que se llevan a cabo como la creación de un nuevo impuesto sobre depósito de residuos en vertedero a razón de 7 euros por tonelada "sin aportar Memoria Económica que lo justifique. El Impuesto de Transmisiones se eleva desde un tipo del 7% a otro del 8% en determinados supuestos. También se eleva el canon de saneamiento en cuanto al coeficiente fijo, que pasa de 4,88 a 14,88 euros, tres veces más".
En lo que se refiere a otros impuestos, Bartolomé mostró su perplejidad en cuanto a lo que se hace con las tasas que gravan el juego en el bingo y en máquinas recreativas, "se bajan, sin que se conozca claramente por qué este sector es de especial protección para este Gobierno".
"Se sube la tasa por recogida y tratamiento de residuos urbanos en un 10% aproximadamente, y se incrementa la de ordenación de industrias en la Consejería de Desarrollo Rural camuflándolo en una modificación de tramos hasta en un 77,8% en algún supuesto".
Junto a todo ello hay otras modificaciones de textos legales que nada tienen que ver con medidas fiscales, ya que por ejemplo se reforma la ley del suelo para poder incluir en PSIR suelo especialmente protegido y se reforman aspectos de procedimiento administrativo, de la ley de finanzas, y de la ley de subvenciones para reforzar la competencia de los Consejeros y para reducir los requisitos previos a las subvenciones.
"Conociendo como se han acordado algunos arrendamientos y como se han concedido algunas subvenciones estas reformas las consideramos rechazables, por disminuir las garantías de un uso de adecuado de los recursos públicos".
"Como conclusión podemos decir que se trata de una ley que no sólo no va a ayudar a salir de la crisis, sino que va a tener efectos negativos al trasvasar de forma injusta recursos desde manos privadas que los utilizan para fomento del ahorro, del consumo o de la inversión a un sector público autonómico caracterizado por su derroche y por el mantenimiento de una administración paralela que suma ya más de 40 empresas y organismos".
"Todo ello sin que se consiga una reducción significativa del endeudamiento, que progresa en un ritmo cada vez más elevado".
