El citado informe, fruto de la presentación ante el tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de un recurso contencioso-administrativo por parte de la parlamentaria popular María Antonia Cortabitarte, reclamando al Gobierno la entrega de los libros mayores de diversas empresas públicas, declara "la vulneración del derecho de información y de participación en los asuntos públicos mediante representación ejercida a través de parlamentario público como representante de la soberanía popular".
Asimismo, señala que "la solicitud planteada se refiere a la contabilidad detallada de las cuentas referidas a una serie de empresas de carácter público, cuya fiscalización pertenece tanto a la órbita parlamentaria como en su caso ulteriormente a los órganos judiciales, resultando imprescindible para ello la posibilidad de un examen pormenorizado de las cuentas, libro mayor y diario, ya que de otro modo se cercena todo posible control efectivo".