Asimismo, señala que "la solicitud planteada se refiere a la contabilidad detallada de las cuentas referidas a una serie de empresas de carácter público, cuya fiscalización pertenece tanto a la órbita parlamentaria como en su caso ulteriormente a los órganos judiciales, resultando imprescindible para ello la posibilidad de un examen pormenorizado de las cuentas, libro mayor y diario, ya que de otro modo se cercena todo posible control efectivo".
Para Francisco Rodríguez, el Partido Regionalista y el Partido Socialista "no pueden convertir" a la Administración autonómica de Cantabria "en la única Administración del Estado que tenga fondos reservados. No puede ser que los socialistas y regionalistas impidan el control de las empresas públicas que se sustentan de recursos públicos como consecuencia del pago de los impuestos, de las tasas y de los precios públicos" por parte de los ciudadanos.
En opinión del portavoz del PP en el Parlamento cántabro, "ha llegado el momento de decir que la Administración pública tiene que poner a disposición del Parlamento absolutamente todos los documentos, como dice el Reglamento de la Cámara".
Tras señalar que "lo que quieren implantar en Cantabria no es un sistema democrático basado en el control parlamentario", Francisco Rodríguez subrayó que "están convirtiendo a Cantabria en la única Administración del Estado en la que no se podría tener derecho, por parte de los ciudadanos, a conocer todos los gastos que tiene la Administración pública".
En este sentido, el portavoz parlamentario del PP dijo que sólo las empresas públicas correspondientes a la Consejería de Industria manejan unos recursos cifrados en más de 28.000 millones de pesetas, lo que en su opinión representa "muchísimos recursos públicos, en su gran mayoría provenientes de los impuestos de los cántabros".
Por último, Francisco Rodríguez hizo un llamamiento para que el Gobierno "cambie radicalmente su actitud" y que toda la documentación que sea requerida por el Parlamento de Cantabria le sea remitida, porque en su opinión "de lo contrario cualquier ciudadano de Cantabria puede pensar que se están utilizando las empresas públicas como fondos reservados", concluyó.
