Según explicó Ignacio Diego, "antes de que se tuviera conocimiento de la existencia del informe de los auditores sobre esta empresa, el Partido Popular seguía teniendo una preocupación en relación con GFB". Al respecto añadió que esa preocupación ha llevado a los populares "a estar en contacto con los trabajadores" de la empresa.
Por ello, el pasado día 2, el Grupo Popular presentó en el Parlamento de Cantabria "antes de que se supiera la existencia del informe de los auditores, la pregunta que según el Reglamento se le puede hacer una vez al mes al presidente del Gobierno, preocupándose en ella por la situación de esos trabajadores contratados".
Unos trabajadores que, según Diego, fueron contratados por GFB "coyunturalmente y sólo para cumplir con una condición" exigida con motivo de la aportación de una subvención estatal de 6 millones de euros que, según subrayó el presidente de los populares cántabros, "a pesar de los retrasos GFB tenía que cumplir".
"GFB cobró 6 millones de euros de subvención estatal a cambio de contratar a 77 personas", indicó Diego, quien opinó que pese "a saber que no tenían fin ninguno en la empresa, GFB contrató a esas 77 personas para no perder la subvención".
Para Diego resultará "muy interesante, dadas las circunstancias actuales, lo que el señor Revilla tenga que decir al respecto de los trabajadores y también de la situación de la empresa", pues asimismo la pregunta hace referencia "a cuándo prevé el presidente que la fábrica de GFB esté en plena producción".