Partido Popular en Cantabria

Varios temas fueron objeto de una detallada exposición y debate, pues se trata de aquellos, a juicio de los populares, que tienen una especial trascendencia política.

En primer lugar, Diego, hizo balance de estos años de gobierno de la coalición de socialistas-regionalistas, para, posteriormente, centrarse en algunos otras cuestiones en profundidad.

La política industrial del Gobierno, con los fracasos en el desarrollo de suelo industrial, y, muy especialmente el enorme descalabro de GFB, centraron buena parte del debate.

Diego informó sobre la necesidad de llevar a cabo una iniciativa por parte del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria para solicitar una Comisión de Investigación, una vez conocidos los datos que han aportado los administradores concursales y que dan la razón al Partido Popular sobre las enormes negligencias cometidas por el gobierno regional en este, que era, su proyecto emblemático en el ámbito de la industria de Cantabria.

El Comité respaldó la adopción de dicha iniciativa y la solicitud de responsabilidades políticas a los miembros del gobierno que han estado al frente de todo ese proceso plagado de errores, irregularidades y actuaciones irresponsables que tanto quebranto económico ha producido por el dinero público (más de 6.000 millones de pesetas) allí enterrado y que no tiene visos de ser recuperado, una vez que los administradores concursales recomiendan liquidar patrimonialmente la sociedad por carecer de viabilidad.

Otro de los temas centrales fue el debate sobre la situación actual del desarrollo eólico planteado por el gobierno al margen de los acuerdos adoptados en el Plan Energético Regional, y que tanta alarma social está generando por su opacidad, por su desproporción y por el intento del Gobierno de ejecutarlo al margen de la legislación ambiental.

Ignacio Diego recordó que la postura del Partido Popular es clara al respecto: energía eólica sí, pero siempre bajo el control de la legislación ambiental, el respeto al patrimonio paisajístico y cultural, y la proporción adecuada, porque el gobierno ha de explicar el cambio de criterio en un plazo tan corto, desde los poco más de 300 megavatios contemplados en el reciente Plan Energético, y los 1.500 que se proponen en su desarrollo final.

Un cambio de criterio no explicado y que quiere hacerse sin abrir antes un debate social y político sobre las reales necesidades de Cantabria y los posibles beneficios (y los más que probables impactos negativos) que este plan puede tener sobre la economía y el patrimonio del conjunto de la región.

El Presidente de los Populares también hizo balance de los grandes fracasos del gobierno, en especial lo relativo a los incumplimientos en materia de infraestructuras, el engaño continuo sobre la Alta Velocidad, y la ausencia de Convenio para la financiación de Valdecilla.

En otro orden de cosas, Ignacio Diego anunció a los miembros del Comité que la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria no está entre las prioridades actuales del Partido, pues en la actual situación de crisis económica, no parece que sea el mejor momento para abordar la creación de nuevas instituciones, ni el momento para desviar en centro de la actividad política a algo que no sea la recuperación económica, la salida de la crisis y la formulación de una nueva política presupuestaria que siente las bases para dicha recuperación.

Para finalizar, Diego explicó que la prioridad de los Populares es la de alcanzar un gran pacto presupuestario con el Gobierno que permita a Cantabria disponer de unos presupuestos de consenso, con una nueva filosofía, alejada de la actual.

Cantabria, dijo, necesita unos presupuestos austeros en el gasto público improductivo, unos presupuestos centrados en las inversiones y las políticas sociales, y, en ningún caso, soportados por un incremento de la presión fiscal cuyos efectos van, de forma evidente, contra la capacidad de gasto e inversión de las empresas y las familias.

Hay que gastar mucho menos en lo accesorio, mucho menos en los gastos de la administración para liberar recursos para las inversiones productivas, las políticas sociales, y sin que haga falta cargar a la sociedad con más impuestos.