TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA:
El Partido Popular pide al señor Revilla que asuma y depure, en su caso, responsabilidades por el desastre de la empresa GFB en la que se ha cometido un importante quebranto de dinero público, y en la que existe una indiscutible responsabilidad del Gobierno regional.
Nuestro partido, al que los administradores concursales han venido a dar la razón en su informe, viene varios años advirtiendo que el desarrollo de este proyecto está plagado de incumplimientos, y en los que el Gobierno de Revilla ha actuado de forma claramente temeraria e irresponsable.
La primera responsabilidad no puede ser achacada a nadie más que al Señor Revilla. Por varios motivos que la opinión pública debe conocer y sobre los que no existe duda alguna, pues son hechos contrastables y que están soportados por numerosos documentos que podemos poner a su disposición.
En primer lugar. El presidente Revilla viaja a Costa Rica a firmar el protocolo con los socios costaarricenses. Un protocolo con una serie de cláusulas de las que deben destacarse las siguientes:
El grupo Pujol Martí se comprometía a participar en el capital social de Suyesa con 44 M de euros, mediante la aportación de la maquinaria y equipos necesarios para la puesta en marcha de la planta.
Tal valoración se condiciona a un peritaje y la elección de los peritos corresponde a los socios costarricenses.
Revilla se compromete a que el Gobierno de Cantabria, a través de Sodercan, aporte en el capital social 20 M de euros. Y además, el suelo industrial que ha de contar con condiciones geotécnicas adecuadas.
Asimismo Revilla se compromete a tramitar cuantas ayudas públicas sean aplicables al proyecto.
Entre los compromisos, varios, se aportan plazos que nunca se cumplieron, se fijan compromisos de creación de empleo estable, 240 trabajadores, que se mantendrían como mínimo 10 años.
Esto es lo que firma el señor Revilla en Costa Rica, y se entiende que es un protocolo vinculante, en el que el presidente regional fija los términos del proyecto.
Sólo meses después, en agosto de 2004, cuando se firma el acuerdo de constitución de la sociedad, el Gobierno regional modifica el protocolo inicial y sin que exista una explicación, que nuestro partido ha exigido reiteradas veces en el Parlamento, los cambios benefician a los socios costarricenses o, si lo prefieren, perjudican a la Administración regional.
Lo que en el protocolo inicial era una aportación de los socios (la maquinaria), aquí se establece una operación de compra de la maquinaria, operación que en términos generales beneficia a los costarricenses en 23M de euros.
Así, lo que en protocolo era una aportación de 44M de euros en maquinaria, se transforma, de forma absolutamente opaca y sin justificación de ningún tipo, en una operación financiera para la compra de dicha maquinaria. Una operación que hace nacer el proyecto con una fuerte deuda financiera.
Pero es que además, entre el protocolo inicial y la constitución de la sociedad existen dos informes técnicos de Sodercan y Cantabria Expansión (Capital) en los que se califica el proyecto de inviable, y en los que se destacan incongruencias del plan de negocio y se destaca la situación de Suyesa con pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios.
Por todo ello, el Presidente señor Revilla es culpable de negligencia, al actuar contra los intereses de Cantabria, aportando una enorme cantidad de dinero público en contra de informes técnicos, y permitiendo una modificación del protocolo inicial, que él mismo firmó, con cambios claramente lesivos para el interés regional, y beneficiosos para los socios costarricenses.
Con esa participación en los órganos de gestión de GFB, a través de dos consejeros y, además, altos cargos de Sodercan, el presidente Revilla no puede escudarse ni en falta de información, ni en ninguna excusa.
A partir de ese momento, cada paso que ha dado el Gobierno regional ha sido para comprometer más dinero público en un proyecto calificado de inviable, un proyecto en el que no se han respetado ninguno de los acuerdos alcanzados, ni los plazos, ni las condiciones, y en el que se ha causado un enorme perjuicio económico a las arcas de Cantabria.
Se estima que el Gobierno ha aportado más de 35 M de euros y, además, sin exigir las adecuadas garantías.
Revilla debe dar la cara y asumir y hacer asumir responsabilidades de forma inmediata, porque no sólo ha sido el promotor principal del proyecto, sino porque ha autorizado cambios en los acuerdos que han lesionado aún más los intereses de Cantabria, sin que existiera justificación ninguna para ello. Porque ha autorizado cambios que han supuesto un claro beneficio a los socios costarricenses, en claro perjuicio del dinero público.
Y pedimos al señor Revilla que ejerciendo esa responsabilidad que tiene que ejercer en este caso, asumir esa responsabilidad que tiene que asumir, renuncie al cargo que tiene por una razón evidente, porque hoy todos los ciudadanos de esta región saben que gestionando el dinero público este señor ha tirado, ha dilapidado una enorme cantidad de dinero próxima a los 7.000 millones de pesetas.
¿Cómo pueden mantener los ciudadanos confianza en el señor Revilla y en su Gobierno, en que sigan gestionando nuestros recursos económicos? Es una confianza absolutamente perdida. Este Gobierno no puede seguir gestionando los recursos financieros de Cantabria de esta manera. ¿Y quién les garantiza a los cántabros que mañana no vuelvan a cometer una tropelía como esta?
Están inhabilitados moralmente para seguir ejerciendo esa responsabilidad, el presidente y cuando menos el señor Agudo, que ha estado presente en el consejo de administración y ha sido protagonista de todas y cada una de las decisiones que ha llevado a GFB a esa situación en la que ahora se encuentra.
Las autoridades concursales, con su informe, vienen a demostrar que nuestro partido ha tenido siempre la razón. Que el proyecto carecía de viabilidad tal y como se ha formulado. Que la maquinaria vendida (que no aportada) ofrece serias dudas sobre su estado final y su posible operatividad.
Consideran el proyecto fallido y no alcanzan a contemplar otra alternativa que la liquidación patrimonial, a pesar de lo cual, ayer mismo Gorostiaga afirmó que siguen buscando por ahí posibles socios que puedan dar viabilidad a un proyecto en el que reconoce, como no puede ser de otra forma, que la comunidad autónoma ha hecho una importante inversión.
Miente Gorostiaga e intenta eludir su responsabilidad y la de Revilla al presentar GFB como un proyecto del Gobierno Popular, ya que en los últimos meses de aquel gobierno se establecieron contactos firmes para implantar una fábrica de fibroyeso en Campoo, pero nunca se firmó acuerdo de ninguna naturaleza, ya que el primer acuerdo es firmado por Revilla, y el proyecto se cambia de ubicación, y se desvirtúa hasta el punto de llegar a la situación actual por culpa exclusivamente de la negligencia, la incapacidad y la absoluta irresponsabilidad de Revilla, Agudo y los consejeros socialistas de industria de estos últimos años.
Nuestro partido exige, por tanto, que se asuman con carácter inmediato responsabilidades por la enorme cantidad de dinero público tirado en un proyecto que ha pasado de ser calificado como "proyecto emblemático del Gobierno en materia industrial", a ser calificado como "proyecto fallido sin más alternativa que la liquidación patrimonial", como han afirmado en su informe las autoridades judiciales.
Un fracaso lesivo de esta naturaleza sólo puede conducir en el ámbito político a dimisiones y ceses fulminantes, porque el quebranto patrimonial es de una envergadura sin precedentes.
