Tamara González recordó que Marcano se comprometió, en sede parlamentaria, a dar las explicaciones oportunas respecto a la gestión desarrollada por el Gobierno en el complejo turístico cueva de El Soplao, después de que declarase como imputado ante el Tribunal Superior de Cantabria.
La diputada regional del PP reconoció el cumplimiento de la promesa, sin embargo consideró que el consejero abundó en su intervención "en hacer hincapié en lo que ya conocíamos". Al respecto dijo que Marcano "no ha informado de nada nuevo que no supiéramos antes de su comparecencia de hoy".
Según subrayó la diputada regional del PP, el consejero de Cultura Turismo y Deporte "ha impedido hasta el día de hoy la consulta al Grupo Popular del libro mayor de contabilidad de la Sociedad el Soplao correspondiente al año 2006. Ha impedido también el acceso a la sede social de la Sociedad Regional de Turismo para consultar los libros mayores de contabilidad de los años 2003 a 2006".
En este sentido aclaró que tales peticiones fueron solicitadas en diciembre del año 2007, a cuya consulta por parte del Grupo Popular dio su conformidad el Gobierno en enero del año 2008, pero "sin embargo los servicios jurídicos de la Cámara no han podido concretar un año y medio después, como consecuencia de las continuas evasivas del Gobierno para fijar las fechas de las consultas solicitadas".
"Usted debería ser el más interesado en dar cumplida respuesta sobre cada una de las actuaciones desarrolladas en torno a este proyecto si realmente quiere limpiar la imagen del Gobierno y la suya propia", subrayó Tamara González, quien opinó que la "mejor defensa" del consejero "es demostrar con cifras y documentos, desde la total transparencia, que todas las actuaciones desarrolladas tanto desde la Dirección General de Turismo como desde las dos sociedades públicas a través de las que se ha gestionado el proyecto, se ajustan estrictamente a la legalidad".
En opinión de la diputada regional del PP, "ese es el gran debate que desde su responsabilidad política como principal responsable del proyecto tiene la obligación de aclarar en profundidad en este Parlamento, no limitarse a un análisis epidérmico, plagado de formalismos previsibles y camuflaje semántico que no sirve para demostrar si realmente los principios de transparencia, publicidad, concurrencia y legalidad han presidido una por una las actuaciones desarrolladas en relación con este proyecto desde el año 2004 hasta la actualidad".
