Partido Popular en Cantabria

TEXTO DE LA INTERVENCIÓN DE IGNACIO DIEGO

El Partido Popular consciente de la delicada situación que atraviesan los Centros Especiales de empleo, que son los centros quedan a las personas con discapacidad las oportunidades y apoyos necesarios para promover el desarrollo de las capacidades de estas personas y fomentar su autonomía personal, y con ello su inserción, no sólo ya laboral, sino más allá su inserción en la sociedad.

Pues bien, esta Propuesta de Resolución, el Gobierno de Cantabria (socialista, regionalista) votó en contra.

Cuando ésta era una propuesta de resolución que estábamos seguros, por su contenido que iba a ser apoyada.

Pues bien, el Gobierno de Cantabria no ha pagado a estas alturas del año, ni un solo euro de las subvenciones a las que tienen derecho.

Un año más, y son todos desde que gobiernan, la coalición de los pseudoprogresistas.

Un hecho que en una situación de crisis como la actual, añade gravedad a la coyuntura y abocan a los centros especiales de empleo a una particular situación de crisis.

Las organizaciones sociales vinculadas a la discapacidad tienen que financiar a través de las Entidades financieras al gobierno, por el incumplimiento de sus obligaciones.

Es lamentable comprobar cómo, una vez más, el discurso de Revilla y Gorostiaga va por un lado y sus hechos van por el contrario.

Es lamentable comprobar la ausencia de su sensibilidad social, abandonando a su suerte a los que más necesitan del gobierno.

Por medio de esta rueda de prensa, me dirijo al Gobierno de Cantabria, a los progresistas Revilla y Gorostiaga y les exijo el pago inmediato de la deuda con los Centros Especiales de Empleo.

Y les doy una semana de plazo para que cumplan su obligación para con las personas que padecen discapacidad.

Si el lunes próximo no han pagado, el Grupo Parlamentario Popular, presentará en el Parlamento, una Proposición no de Ley, convocando Pleno Extraordinario de carácter urgente, instando al Gobierno al pago inmediato y a la búsqueda de un mecanismo legal que impida que sigan quedando al capricho o a la incapacidad para gestionar las subvenciones a las que tienen derecho.