TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA
Estamos en un momento crucial ya que algunas autonomías tienen cerrados acuerdos con el Estado, mientras que en Cantabria existe un mutismo absoluto.
Con ser esto preocupante, lo son más las noticias sobre la dificultad de Zapatero para cerrar las negociaciones sobre financiación autonómica.
Esta dificultad tiene dos motivos principales. Por un lado las arcas más que vacías del Gobierno de España, por la escasa recaudación, y porque se han dilapidado recursos públicos en políticas que no han impulsado la dinámica económica.
Dado que todos pedimos más, al no haber dinero, los recursos adicionales para lograr el acuerdo, saldrán de la deuda, y no de los impuestos de los ciudadanos, lo que hace el sistema insostenible.
Por otra parte, las Comunidades Autónomas demandan a la vista de la mala situación económica más recursos del Estado. Pero sobre todo, aquellas con verdadera capacidad reivindicativa, como Cataluña se llevarán más que lo que les corresponde.
Con datos de la liquidación del año 2007, Cantabria es la región con mayor financiación per cápita, gracias al modelo puesto en funcionamiento por los Gobiernos del Partido Popular que es que aún está vigente.
Debido a un mecanismo existente en el acuerdo (mantenimiento del Status Quo), Cantabria seguirá siendo la Comunidad Autónoma con mayor financiación per cápita, pero la clave no es esa.
La clave está, en dos cuestiones:
1. Que las Comunidades más ricas, contarán con más recursos puesto que podrán quedarse con una parte de los impuestos que antes devolvían al Estado.
2. Según el modelo del Gobierno no se van a financiar todos los servicios públicos, sino aquellos a los que se refieren como "servicios fundamentales". Es decir, pretenden que una parte la financie el Estado y el resto la Comunidad Autónoma. En una proporción de 80/20.
Desde hace ya más de dos años, el Partido Popular se puso a disposición del Gobierno Regional para acordar una postura común, que representase a toda la sociedad cántabra, para que la posición que se defendiera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tuviera el respaldo de todos los Grupos Parlamentarios.
Sin embargo, la voluntad del Gobierno, desde el comienzo de las negociaciones ha sido la de dar información limitada y siempre sobre hechos consumados, sin dar oportunidad al Grupo Popular para establecer una postura común sobre esta importante cuestión.
El acuerdo es posible ya que el Partido Popular, y el Gobierno de Cantabria compartimos algunos puntos, como por ejemplo:
1. En obtener recursos adicionales para financiar las prestaciones del Estado del Bienestar, cuyo reparto se base en la población ajustada en la que las variables dispersión, envejecimiento y territorio han de tener una ponderación mayor que en el modelo actual.
2. En la flexibilidad del sistema que mejore el dinamismo, la estabilidad y su capacidad de adaptación a las necesidades de los ciudadanos, revisando anualmente las variables que definen la población ajustada.
3. En que el Fondo de suficiencia global, asegure que cada comunidad autónoma mantenga el status quo, nadie pierda, y a la vez se incorporen recursos adicionales, aportados por el Estado, y crezca con los ingresos tributarios estatales.
4. Con el nuevo modelo, Cantabria debe alcanzar la mayor financiación per cápita del sistema, debido a la incidencia que los costes fijos en la prestación de los servicios públicos fundamentales tienen en nuestra comunidad.
Pero a la vez, consideramos necesario incluir en los requisitos que el Gobierno Regional debe exigir al Gobierno de la Nación las siguientes cuestiones:
Establecer un mínimo de financiación fijo para todas las CC.AA e independiente de su tamaño poblacional, que cubra el mantenimiento de los órganos de autogobierno, necesarios para el correcto ejercicio de la autonomía de las regiones.
En segundo lugar, queremos garantizar una financiación por habitante, igual en todo el territorio para todos los servicios públicos incluidos los fundamentales (sanidad, educación, s. Sociales), con el ánimo de expresar la solidaridad del sistema, y no solo de una parte de los servicios públicos como recoge la actual propuesta.
En tercer lugar, junto al aumento de la autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, mediante mayor cesión de impuestos y una mayor cooperación entre la Agencia Tributaria del Estado y de Cantabria, queremos también una mayor capacidad normativa.
No queremos sólo una mayor financiación, en términos financieros, sino también aumentar la capacidad de modificación de estos impuestos.
Si Cantabria va a gestionar más recursos con los cuales financiar sus políticas es perfectamente comprensible que tenga mayor para modificar los mismos.
En cuarto y último lugar, queremos que con el paso del tiempo, se recoja la evolución de esos costes fijos superiores, que como región pequeña tiene Cantabria, para que no tenga como consecuencia dar lugar a diferencias de financiación entre las regiones españolas.
El que denominan Fondo de Garantía de servicios fundamentales se dota con el 80% de los recursos tributarios y utiliza para financiar el 80% de los servicios que prestan las CC.AA, aunque a petición de regiones como Cataluña pueda ser menos. El actual sistema dota el 100% de los recursos y financia el 100% de los servicios.
Al considerar solo el 80% de los servicios, las Comunidades que tiene que aportar al fondo porque tienen muchos ingresos tributarios (las más ricas, Madrid, Cataluña y Baleares) aportarán menos y podrán quedarse con más recursos.
Igualmente las Comunidades que reciben del Fondo, como es el caso de Cantabria, recibirán menos de lo que recibe ahora porque sólo les darán para financiar el 80% de los servicios, aunque reciben fondo de suficiencia complementario, para mantener la situación de 2006.
Zapatero ha diseñado este sistema para favorecer a las comunidades de mayor renta y riqueza.
En definitiva lo que pretendemos es que el Gobierno Regional, dada la enorme trascendencia que la financiación autonómica tiene para nuestra región, busque cerrar un acuerdo, con las máximas garantías para Cantabria y cuya evolución no genere agravios comparativos con el resto de regiones españolas.
