El diputado popular Luis Carlos Albalá ha hecho esta petición después de que el consejero de Economía asegurara el viernes en una comisión parlamentaria que la compra por el Gobierno del PP de los terrenos de la mina de AZSA, donde se ubicará el Ecoparque, fue una "estafa consentida".
Albalá ha afirmado que si esa "estafa" está documentada, Agudo tiene la obligación y el deber de ponerlo en conocimiento de la Justicia. "Lo contrario -ha añadido- sería otra inmensa irresponsabilidad del consejero, que se esconde en la inmunidad e impunidad que le ofrece el Parlamento para mentir impunemente".
El parlamentario del PP ha opinado que el consejero, quien acudió el viernes al Parlamento para informar sobre el estado de tramitación del proyecto tras la sentencia que anuló el pliego de
condiciones del concurso, convirtió su comparecencia en una "inmundicia y una auténtica obscenidad".
Según Albalá, Agudo puso en marcha el "ventilador para esparcir porquería que tapara la suya", pero "se la tuvo que inventar, porque no la hay". Tras afirmar que el comportamiento del consejero se sitúa un nivel por encima de la "desvergüenza política", Albalá ha subrayado que el concurso convocado para adjudicar el proyecto del Ecoparque fue una "chapuza", hecha para favorecer "descaradamente a un adjudicatario", como lo demuestra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y los tres recursos presentados.
El TSJC ha ordenado, además, deducir testimonio para averiguar si se cometió algún delito en la adjudicación. Luis Carlos Albalá ha criticado que el consejero no dimita ni sea destituido a pesar de ser el culpable de la "barbaridad" cometida, que ha provocado un retraso en el proyecto y un perjuicio económico.
"Es una vergüenza y un atropello para los ciudadanos", ha afirmado Albalá. El parlamentario del PP ha subrayado que en esa comisión, Agudo se comportó como un "auténtico charlatán de feria" y criticó la actuación de un gobierno, el presidido por José Joaquín Martínez Sieso, que fue calificada de "ejemplar" por los trabajadores, los sindicatos y la empresa AZSA.