Este fue uno de los asuntos tratados durante la reunión mantenida en Potes por el Consejo de Alcaldes del PP. Encuentro en el que además Diego informó de que su partido instará al Gobierno a que presente el citado plan en el plazo de dos meses, con el objetivo también de que esos desempleados lleven a cabo tareas que supongan una mejora de las infraestructuras productivas o tengan como objeto la dinamización económica de las zonas rurales de nuestra comunidad autónoma.
Junto a esta iniciativa, Diego señaló que el PP planteará al Ejecutivo otras medidas destinadas al ámbito rural, como la implantación de ayudas y la tramitación acelerada de las mismas para el sector ganadero, con el fin de evitar la pérdida de explotaciones en un sector estratégico para la economía de los núcleos rurales.
Asimismo, el presidente de los populares cántabros se refirió a otra iniciativa que será planteada al Gobierno y debatida en el Parlamento a instancia del PP, como es el desarrollo de iniciativas singulares de empleo en el ámbito rural para la reforestación de terrenos públicos.
Diego destacó que lo que el Partido Popular pretende es que "los ayuntamientos sean pro activos en la actitud de colaborar en la eliminación del paro".
Por otro lado, en la citada reunión de los alcaldes del PP se trató sobre la postura de este partido ante la propuesta de modificación de la Ley del Suelo. Al respecto, Diego señaló que "a diferencia del planteamiento del Gobierno, la alternativa que ofrece el Partido Popular resuelve con inmediatez la problemática de los municipios".
Además, en opinión de Diego, la iniciativa de su formación política "es más objetiva, elimina la arbitrariedad y da más seguridad jurídica". Para el presidente de los populares cántabros, otra de las características a destacar de su alternativa es que resulta "más respetuosa con la autonomía municipal".
"Frente a la propuesta de regionalistas y socialistas -- subrayó Ignacio Diego -- el modelo defendido por el Partido Popular es el único que desbloquea la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico y además plantea construir en suelos de protección especial en aquellos municipios que carezcan de plan de ordenación y siempre que esos suelos no tengan valores especiales".
En opinión de Diego, la necesidad de modificar la Ley del Suelo "es consecuencia del desastre urbanístico que ha generado el Gobierno, el cual en seis años ha sido incapaz de aprobar tanto el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) como los planes especiales del medio rural", concluyó.