"No puede ser que la consejera abandone a los alumnos de FP, que abandone a los centros públicos y que su preocupación principal sea gobernar el Ayuntamiento de Santander", subrayó José Antonio Cagigas, quien opinó que el Gobierno "está provocando un deterioro constante de la enseñanza pública a pesar de los anuncios, propaganda y fotos de la consejera que parecen indicar lo contrario".
Cagigas exigió, en nombre de su formación política, que "de forma inmediata se dé la orden de transferir los gastos de funcionamiento a todos los centros de Cantabria". Gastos que, según calificó, "están previstos de forma raquítica en los presupuestos de 2009 con un 0,2 por ciento".
El diputado regional del Partido Popular preguntó "cómo pueden funcionar dignamente los centros sin recibir hasta mayo el dinero destinado a los gastos de funcionamiento" y además cuestionó "si el señor Revilla o la señora consejera estarían cinco meses sin cobrar el sueldo".
Cagigas recordó que su formación política ya denunció esta situación "hace casi un mes y entonces los responsables de Educación respondieron que el Partido Popular desconocía la realidad". "La realidad -- continuó -- y también lo único cierto es que los centros educativos públicos siguen esperando y que cada año la Consejería retrasa más la entrega del dinero correspondiente a los gastos de funcionamiento".
Al respecto señaló que "en 2002 la entrega se hizo el 6 de marzo; en 2003 el día 18; en 2006 el 24; en 2007 el 4 de abril y en 2008, después de múltiples protestas, se hizo el día 24 de abril. En 2009 ya estamos en el mes de mayo y todavía no se han efectuado los ingresos".
"La consejera de Educación tiene que centrar y priorizar sus preocupaciones y estas no pueden ser otras que la escuela pública", aseveró Cagigas, quien consideró que "no tiene explicación que los sueldos de todos los consejeros, de los múltiples asesores, los arrendamientos de locales inútiles como el del alcalde Perojo o el edificio Lagunilla, se paguen puntualmente y no se atiendan las necesidades de los centros educativos públicos".
Para Cagigas, "tanto la consejera como el Gobierno están obligados a dar una explicación sobre este tipo de actitudes, sin mentir y sin descalificar al mensajero", concluyó.
