El Partido Popular responsabilizó al Gobierno de Cantabria "por no poner en práctica ni una sola medida eficaz para resolver el problema de las sentencias de derribo de viviendas, pese a que los tres grupos del Parlamento regional se lo pidieron en votación unánime en diciembre de 2007".
"La pasividad del Gobierno deja a los ayuntamientos absolutamente solos ante la decisión de tirar los hogares de sus vecinos, que son personas inocentes que adquirieron de buena fe sus viviendas", señaló la secretaria general, María José Sáenz de Buruaga. "Revilla no tiene ninguna intención de solucionar las sentencias de derribo, porque lleva 14 años dirigiendo el urbanismo de Cantabria y no ha dado señales de preocuparse seriamente por buscar salidas a este problema", dijo. "Después de 14 años de responsabilidad política, no se puede mirar hacia otro lado y lavarse las manos como hace el Presidente", afirmó Buruaga.
"El Gobierno regional es corresponsable de esas situaciones jurídicas, como ponen de manifiesto prácticamente todas las sentencias, y por tanto tiene que hacerse corresponsable de dar soluciones, pero se le está pasando la legislatura sin que tome medidas concretas que supongan un alivio para los afectados", añadió.
"Mientras el mundo judicial y municipal miraba al poder ejecutivo autonómico para ver si ofrecía soluciones como las que el Parlamento le demandó hace más de un año, el Gobierno de Revilla sólo estaba dejando pasar el tiempo y elaborando estudios que no concluyen en ninguna acción práctica para los afectados", recordó Sáenz de Buruaga, quien exigió al Ejecutivo cántabro "que cumpla el deseo del Parlamento y aporte soluciones reales y urgentes".
La secretaria general manifestó su apoyo político al alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, "cuya conducta estamos seguros de que tiene como norte el bienestar de sus vecinos, los sentimientos humanitarios y el respeto a la legalidad".
