Cortabitarte animó al presidente y la vicepresidenta regional, Miguel Angel Revilla y Lola Gorostiaga, a "ponerse en la piel" de esas personas y se preguntó qué les parecería a ellos si el Ministerio de Fomento proyectara una rotonda "encima de su casa", sin que nadie se ponga en contacto con ellos, y escucharan después a la ministra decir que van a empezar las obras.
Eso, según apuntó hoy en rueda de prensa, es lo que ocurre con los afectados por este PSIR, ya que siguen sin saber qué va a pasar con sus terrenos, mientras el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, dice que van a empezar las obras.
Por ello, el PP planteará varias preguntas al consejero en el Pleno del próximo lunes, para que Del Olmo explique si se han comprado los terrenos; cuánto se ha pagado, en su caso; y por qué el Gobierno no les ha remitido la información que han solicitado sobre el expediente de selección del socio privado y sobre el proyecto de expropiación.
"El Gobierno está manteniendo una actitud "injusta y abusiva" hacia los propietarios de los terrenos, entre los cuales hay una treintena que tienen casas y negocios en esas parcelas. Esos propietarios han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el PSIR, entre otras cosas por la desinformación que sufren".
Cortabitarte acusó al Gobierno de estar actuando en esta situación "sin ninguna planificación ni fundamento". Así, criticó que lo que iba a ser un área industrial de millón y medio de metros cuadrados, sólo tendrá al final 453.000 metros de superficie industrial y junto a ello se proyectan centros de ocio y deportivos, zonas comerciales e, incluso, aseguró que se habla también de "viviendas", lo cual, "no tiene nada que ver" con lo aprobado en el POL.
También lamentó que el presupuesto de ejecución previsto se ha encarecido 21 millones de euros "de forma totalmente injustificada" y se han gastado 468.300 euros en la elaboración del proyecto, que
"adolece de defectos técnicos importantes".
A esto se suma además que para el desarrollo del polígono se ha creado una empresa pública cuando "lo normal" era que lo hubiera ejecutado SICAN, "que para eso está". Al frente de esa empresa, añadió, se ha colocado como directora gerente a la concejala socialista de Santander Ana Rozas, con contrato indefinido y sueldo anual de 45.000 euros "por no hacer nada" en el año que lleva ya al frente de dicha empresa.
Lo último, según Cortabitarte, es que después de haber creado esa empresa el Gobierno "sorprendió" en agosto pasado diciendo que busca un socio privado para desarrollar el polígono, algo que considera "totalmente desacertado", porque encarecerá el suelo.
Otra de las cosas que reprocha al Ejecutivo es que no remita al Parlamento información sobre este proyecto demandada desde el Grupo Popular, algo que ya considera "normal" porque "todo lo que toca" el consejero de Industria "se convierte en algo secreto, oculto y misterioso". "Donde está, impera la ley del silencio", apostilló.
En cambio, contrapuso ese silencio con el "marketing" que se aplica en otros momentos y puso el ejemplo del acto convocado hoy por la colocación de la primera piedra de las obras del Parque Empresarial Alto Asón, que "tenía que estar acabado hace seis años" y ahora se coloca la primera piedra y se organiza una "romería para celebrarlo".
Por último, reiteró una vez más las críticas a la ubicación elegida por el Gobierno para el PSIR de Marina y Medio Cudeyo, una localización que sólo se explica por la inclusión del área comercial, proyectada en un alto junto a un nudo de comunicaciones.
Sin embargo, insistió en que la ubicación propuesta es una "aberración" y supone "lo más desacertado que se ha hecho en suelo industrial en toda la historia de la Comunidad Autónoma", ya que representa un "auténtico atentado ambiental y paisajístico" y contó con el voto en contra en la CROTU de los colegios de Ingenieros de Obras Públicas, de Geólogos, de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, así como de la Universidad de Cantabria.
