Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha reclamado hoy en el Senado la adopción urgente de reformas estructurales en el sistema energético español con el objetivo de corregir las distorsiones que están lastrando la competitividad de la industria electrointensiva.

Durante su intervención en la Comisión de Industria, en el marco del debate de una moción del Grupo Izquierdas por la Independencia (ERC-Bildu), la senadora del PP por Cantabria, Elena Castillo, ha señalado que el diferencial de costes energéticos respecto a otros países del entorno europeo, unido a la volatilidad normativa, está comprometiendo la sostenibilidad de sectores estratégicos.

En este contexto, ha hecho referencia a la situación de empresas como Solvay, tras el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la planta de Torrelavega que afecta a 77 trabajadores, como ejemplo de las consecuencias derivadas de un entorno energético y regulatorio adverso.

Castillo ha subrayado que la industria electrointensiva -caracterizada por una elevada exposición al coste de la energía en su estructura de costes- requiere un marco regulatorio estable, predecible y alineado con los estándares europeos para evitar desventajas competitivas.

En este sentido, ha detallado un conjunto de medidas orientadas a reducir los costes energéticos, mejorar los mecanismos de compensación y reforzar la seguridad jurídica como:

• El establecimiento con carácter permanente de un tipo impositivo del 0% en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), como instrumento para reducir el coste final de la electricidad.
• La revisión del Estatuto de los consumidores electrointensivos para garantizar condiciones equivalentes a las existentes en otros Estados miembros, incluyendo el incremento de la dotación presupuestaria de las ayudas hasta el límite del 25% de los ingresos derivados de los derechos de emisión de CO₂, conforme a la Directiva europea aplicable.
• La creación de un Estatuto específico para consumidores calorintensivos, que contemple las particularidades de los procesos industriales con elevada demanda térmica y su exposición a los costes energéticos.
• La reforma del mecanismo de compensación a las industrias en riesgo de fuga de carbono, mediante la implantación en un plazo máximo de tres meses de un sistema automático de actualización de parámetros (emisiones, costes de operación y mantenimiento y variables de mercado), que garantice su adecuación a la realidad económica y elimine disfunciones administrativas.
• El establecimiento de una bonificación estructural del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para los consumidores electrointensivos certificados.

La senadora ha incidido en que la actual configuración del mercado energético y la inestabilidad regulatoria generan un entorno de incertidumbre incompatible con la planificación industrial a medio y largo plazo, lo que, a su juicio, está provocando deslocalización de inversiones, reducción de capacidad productiva y destrucción de empleo industrial.

Asimismo, ha cuestionado la coherencia de determinadas iniciativas parlamentarias que plantean objetivos de refuerzo industrial sin abordar los factores estructurales que están erosionando su competitividad.

Finalmente, Castillo ha defendido la necesidad de una política industrial integrada que incorpore el factor energético como elemento estratégico, y ha apelado a la adopción de medidas regulatorias estables, técnicamente fundamentadas y alineadas con el marco europeo para garantizar la viabilidad del tejido industrial.

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