Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular de Cantabria ha dicho este jueves que, tras la condena de la Audiencia Provincial al alcalde de Ribamontán al Monte (PRC) por prevaricación administrativa, Joaquín Arco solo tiene dos salidas posibles: o dimitir voluntariamente o que la Corporación municipal fuerce su cese, poniendo en marcha el procedimiento para su inmediata sustitución. 

La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha recordado que, sin perjuicio del derecho a recurrir que asiste al alcalde, lo que toca ahora es respetar y acatar la sentencia. Y “acatar la Ley, en este caso el artículo 6.2.b en conexión con el 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), no deja lugar a interpretación alguna y no hay margen de disponibilidad: estamos ante una causa sobrevenida de inelegibilidad que forzosamente lo es de incompatibilidad, lo que significa que de forma automática tras la notificación de la sentencia el alcalde incurre en incompatibilidad y ha de abandonar la Alcaldía por imperativo legal”, ha explicado.

“El PRC sabe perfectamente lo que tiene que hacer el alcalde regionalista de Ribamontán al Monte. No es una cuestión que precise sentencia firme ni que dependa de lo que quiera el alcalde ni su partido. No hay otra salida: es lo que marca la Ley”, ha dicho González Revuelta, quien ha pedido al PRC “que deje de marear la perdiz”.

Para la dirigente del PP, el apoyo de la dirección del PRC al alcalde condenado no forzando su dimisión ni depurando las responsabilidades políticas, deja claro cuál es su código ético, su nivel de tragaderas ante el delito cuando se produce en sus propias filas y su doble vara de medir. “Quién los ha visto y quién los ve. La ejemplaridad política no va con los regionalistas, solo la exigen para los ajenos y no para los suyos”, ha dicho González Revuelta.

La secretaria autonómica del PP ha recordado que hay sobrados precedentes, también en la política municipal cántabra, y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo e incluso la doctrina del Tribunal Constitucional no dejan lugar a interpretación: “esto no es una cuestión ni ética, ni política, sino estrictamente jurídica. Y la dirección regional del PRC, lo sabe”.

“La ley es igual para todos los ciudadanos, incluso para los del PRC y si lo que pretenden es ganar tiempo o utilizar su mayoría absoluta para bloquear el cumplimiento de la sentencia en el Ayuntamiento, se equivocan gravemente. Su actitud obstruccionista es un viaje a ninguna parte”, ha concluido.

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