No obstante, hay resoluciones contradictorias, ya que el Juzgado de lo Contencioso número 3 se ha pronunciado en sentido contrario. Las resoluciones obedecen a recursos de profesionales médicos como consecuencia de la decisión del Gobierno de Cantabria de generalizar la jubilación forzosa a mayores de 65 años, decisión justificada en el Plan de Recursos Humanos de 2007, que prevé jubilar a 138 facultativos desde junio de 2008 hasta diciembre de 2009. En junio se habían jubilado 61 médicos, 45 de ellos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
La diputada indicó que las resoluciones de los juzgados de lo Contencioso 1 y 2 de Santander, "si bien no se han pronunciado sobre el fondo del asunto", sí han dado "un serio toque de atención al Gobierno", al ordenar la suspensión cautelar de la denegación de prórroga. Los autos, explicó, han motivado que se registren escritos por parte de los facultativos afectados pidiendo su inmediata reincorporación al puesto de trabajo. Sin embargo, criticó que "incomprensiblemente" la Administración sanitaria "desoye" los autos y no los está cumpliendo, lo que obliga a los profesionales a instar su ejecución forzosa ante el juzgado.
Según Sáenz de Buruaga, los autos son "contundentes", porque dicen que se permite continuar en servicio activo al profesional mientras se resuelva el proceso para evitar "perjuicios irreparables"; señalan que la prolongación en servicio activo de estos profesionales "no puede producir perjuicio al interés público"; y dicen que las explicaciones de la Administración "no llegan a poner en duda que la continuidad del servicio activo pondría en peligro la efectividad del mismo".
La parlamentaria consideró "tremendo y alarmante" que deban ser los tribunales los que "demuestren la sensibilidad y la responsabilidad que les falta a los responsables políticos", y los que pongan delante de la Administración sanitaria "unos errores y perjuicios sobre el interés público, los profesionales y los usuarios, que la Consejería no ve o se niega a ver, y que pueden ir a mayores".
"Es gravísima y vergonzosa la manera en que se viene comportando la Consejería de Sanidad, con profesionales a los que ha tratado como piezas de deshecho, de los que dice en su Plan de Recursos Humanos que resultan caros, improductivos y torpes para adaptarse a la innovación; a los que ha obligado a acudir al juzgado en defensa de sus derechos; y a los que ahora está obligando a solicitar la ejecución forzosa de una resolución judicial a la que la Administración ni tan siquiera se ha dignado a contestar", denunció. En este sentido, la diputada advirtió que los "riesgos" pueden venir con una posible sentencia estimatoria.
"Se trata de no ir acumulando más riesgos con una actitud imprudente que añada al coste de la calidad asistencial que ya estamos pagando un coste económico que sería imperdonable --el de unos servicios que no están prestando porque la Administración se lo impide y las posibles indemnizaciones-- y que desde luego exigiría la depuración de responsabilidad políticas hasta sus últimas consecuencias", subrayó.
También criticó la actitud "grave" de la Consejería de Sanidad con el sistema de salud y los ciudadanos, a los que se "priva de manos expertas, y no hay más que ver cómo están las listas de espera". Ante este "preocupante panorama", el PP tratará de "abrir los ojos" al Gobierno, a quien exigirá en el próximo Pleno del Parlamento una "rectificación" y que "reconozca que se ha equivocado".
Además, el Grupo Popular instará al Ejecutivo a que suspenda la política de jubilaciones y de denegación de prórrogas hasta que los tribunales se pronuncien "sobre el fondo del asunto" para "no ir engordando la lista de posibles damnificados". Asimismo, le pedirá que reconsidere sus planteamientos de futuro "porque ésta no es la manera de apostar por la calidad asistencial y el pago que se merece ese gran número de profesionales que tanto nos ha dado y que todavía tiene mucho que aportar".
Sáenz de Buruaga recordó que en junio de 2008 el PP ya trató de evitar en el Parlamento una "evidente judicialización de la función médico asistencial" a la que se avocaba a los profesionales "en defensa de sus derechos y su menoscabada dignidad profesional", y apeló entonces, como ahora, a la necesidad de revisar y planificar la política de jubilaciones y de denegación de prórrogas, instando al Gobierno a reordenar el proceso de renovación y relevo generacional "de forma progresiva y atendiendo a criterios objetivos como la insuficiencia de especialistas, el adecuado dimensionamiento de las plantillas de los centros y la situación de la listas de espera".
