Se trata sin duda de una campaña de difamación y acoso contra el Partido Popular que no tendría tanta gravedad si fuera algo orquestado y llevado a cabo por el propio partido socialista. Lo verdaderamente preocupante es que se estén utilizando los medios del Estado de una manera escandalosa, y que se haga, una vez más, en puertas de una cita electoral.
Y es que no es la primera vez, ya que a nadie se le pueden olvidar los presuntos escándalos que surgieron en anteriores citas electorales y que quedaron en nada, a pesar de que en su momento se utilizaron todos los medios, públicos y privados, para tratar de acosar al Partido Popular.
En Cantabria, sin ir más lejos, tendría mucho que arreglar el PSOE, ya que a poco que busquemos entre sus filas encontramos por ejemplo a su presidente, actual alcalde de Val de San Vicente, que va acumulando problemas con la justicia debido a su particular forma de entender el urbanismo.
Qué decir del connsejero de Industria, que ya ha demostrado sus malas artes durante su paso por la Autoridad Portuaria de Santander, y que tiene todavía pendiente sentarse por ese motivo en el banquillo de los acusados.
Los únicos hechos constatados en nuestro país y que han sido objeto de condena penal han sido los que dieron lugar a varias condenas a miembros del PSOE y al PSOE, por el uso de fondos reservados y por financiación ilegal tanto en el caso de los GAL como en el caso de FILESA.
El Partido Popular ha demostrado y seguirá demostrando que es el único partido que admite ningún tipo de corrupción, y si alguien se ha aprovechado de su cargo político en beneficio propio, no tiene cabida en este partido ni un solo minuto.
Exigimos del Poder Judicial que tome las medidas necesarias para evitar que se siga con las filtraciones a los medios de comunicación de datos interesados que son de interés partidistas y electoral, produciendo indefensión en este caso a un partido, que está siendo acusado sin que haya una relación directa con lo que está apareciendo en los medios de comunicación con el PP.
