En concreto, la resolución aprobada durante el citado debate celebrado el pasado 26 de junio instaba al gobierno de Cantabria a adoptar, en el plazo de tres meses, los instrumentos necesarios para desbloquear la construcción de viviendas unifamiliares e instalaciones de ocio y turismo rural en suelos rústicos no urbanizables.
Estas herramientas serían el Plan Regional de Ordenación el Territorio (PROT) o bien una modificación de la Ley del Suelo, que prohibía temporalmente esta posibilidad.
Sin embargo, transcurrido el plazo establecido por la resolución de los tres grupos, el Partido Popular planteará en el Pleno del próximo lunes dos preguntas al Gobierno regional, para conocer los motivos del retraso y hasta cuando se mantendrá esta situación "de bloqueo que se viene prolongando más allá de lo necesario".
"El Gobierno no ha hecho los deberes", censuró en rueda de prensa la parlamentaria 'popular', que también criticó que la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo haya remitido a los grupos, por conductos extraparlamentarios, un borrador de modificación de la Ley del Suelo.
El PP "niega la mayor", que se les haya entregado información sobre el cambio en la Ley, ya que ese borrador es de el departamento de Obras Públicas y "no viene del Gobierno" como tal, además de no ser un proyecto de Ley. Sáenz de Buruaga apuntó la existencia de diferencias entre "los dos gobiernos", en relación a los dos partidos de coalición, PSOE y PRC, que son "incapaces de ponerse de acuerdo" en materia de urbanismo. "El problema está en Puerto Chico", sentenció.
La parlamentaria consideró que la "indeferencia, incapacidad y el retraso" del Gobierno con este problema son "inaceptables", y defendió que la propuesta que venía haciendo el PP en los últimos años, finalmente aprobada en el debate de Orientación política, contribuirá a "reactivar sectores productivos" en estos momentos de dificultades, además de "fijar" la población al territorio al ser "la mejor vivienda social".
Por el contrario, aseveró que la política urbanística del Gobierno es un "fracaso", por los retrasos en la aprobación del PROT, la anulación de las NUR y la escasez de PGOUs aprobados por una Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) "absolutamente abotargada" mientras se ha diseñado, mediante los PSIRes un "urbanismo a la carta".