En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de los 'populares' cántabros, Ignacio Diego, --ya que ambos participaron previamente en una reunión con miembros de la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas--, Floriano apostó por el consenso entre todas las fuerzas políticas para intentar llegar a un acuerdo en torno a las consecuencias de esta norma, que data de 1988.
Según recordó, en base a esta ley los propietarios que adquirieron bienes "no demasiado cerca del litoral" y con anterioridad a ese año, "se van a ver privados" de dichas propiedades sin recibir "nada a cambio". Únicamente, agregó, podrán disfrutar de las mismas durante un plazo de treinta años, ampliable a otras tres décadas.
Igualmente, abogó por distinguir "claramente" y "defender" a las personas que actuaron "amparadas" por la ley, y no a aquellas que lo hicieron "a sabiendas" de que incumplían la norma. "Sinceramente, creo que no tiene ningún sentido meter en el mismo saco a quienes actuaron de buena fe y a quienes incumplieron la Ley de Costas a sabiendas", apostilló.
Tras rechazar lo que denominó como "confiscación" de viviendas, propiedades y terrenos por parte del Estado, el diputado del PP consideró que se debería "impedir la retroactividad" de la norma y se mostró partidario de buscar fórmulas compensatorias para los afectados, a través del justiprecio de los bienes y derechos afectados.
"POR LA PUERTA DE ATRÁS"
En la misma línea, Floriano censuró la actitud del Gobierno de intentar modificar la norma "por la puerta de atrás", a través de una enmienda a Ley de Navegación Marítima, hecho al que se refirió como un "pegote".
Una vez sentenció que si el Ejecutivo quiere modificar la Ley lo plantee "abiertamente", el diputado del PP criticó la actuación "torticera" de la Alicia Paz, ya que dicha enmienda tuvo lugar "un mes" después de que asegurara que no había "intención" de modificar la ley.
Asimismo, opinó que esta actitud "torticera" define a la propia ministra de Medio Rural y Marino, y Medio Ambiente, Elena Espinosa, que actúa de "igual" forma en el resto de políticas de su competencia. "Actúa --precisó-- sin afrontar los problemas de su Ministerio".
Sobre las consecuencias de la ley, Floriano aseguró que se dan en toda España, aunque de forma diferente. Así, explicó que en el litoral cantábrico y atlántico el problema es "parecido" y la norma afecta fundamentalmente a explotaciones agrícolas y ganaderas y, también a naves industriales, mientras que en la zona del Levante incide más en viviendas.
En este sentido, Ignacio Diego lamentó que la Ley se redactó "pensando" en el Levante, que presenta unas características "distintas" al norte del país. En cualquier caso, destacó que hay un "importantísimo" número de afectados por esta norma en toda España, que también incide en otras instalaciones de carácter colectivo como pabellones polideportivos, parques o la depuradora de Vuelta Ostrera de Suances, en Cantabria.
Con todo ello, el líder del PP regional aseguró que en su partido están trabajando en varias propuestas que trasladarán al resto de formaciones políticas de la región con representación en el Parlamento (PSOE y PRC) para buscar consenso en torno a los problemas que plantea la ley.
En este sentido, se mostró partidario de "modificar" la norma y de que se den soluciones generales "a todos por igual" ya que, según aseguró, en la oposición tienen "constancia" de que ha habido "arbitrariedad" al trazar los deslindes. Sin embargo, comentó que el PP pretende "ser constructivo" por lo que no va a "apuntar con el dedo" a nadie.
