“El Gobierno de España es el único que ha dejado tirados como fardos a los menores migrantes no acompañados”, ha replicado hoy el coordinador del PP de Cantabria, Juan José Alonso, ante las acusaciones de la Delegada de Gobierno, Eugenia Gómez de Diego.
Alonso ha recordado que el Tribunal Supremo, a finales del mes de marzo, dictó un auto obligando al Gobierno de España a asumir la tutela de los migrantes no acompañados que han solicitado asilo y ha recordado que el auto daba un plazo improrrogable de 10 días para que estos 1.000 menores a cargo actualmente de los servicios de protección de menores de Canarias entraran en el Sistema Nacional de Protección Internacional.
“El Gobierno de Sánchez no sólo no ha cumplido con este auto sino que incluso hemos tenido que escuchar que no tiene suficientes recursos para asumir esa obligación, alegando que están saturados y que no pueden integrar a estos menores en el sistema nacional”, ha lamentado Alonso.
El coordinador ha explicado, que tal y como aseguró ayer la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez, “el Gobierno de Cantabria no ha iniciado ningún expediente de repatriación porque eso es competencia del Estado” y ha acusado a los socialistas de querer crear “una polémica artificial e interesada” porque “además de ser rotundamente falso, es absolutamente imposible”, ha subrayado.
“Lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria es pedir al Gobierno de España que inicie un procedimiento reglado para saber qué es mejor para los menores extranjeros no acompañados que están en la región: regresar con sus familias o que se queden dentro del sistema de protección de Cantabria, en un centro”, ha asegurado.
Además, ha destacado que como ha reiterado en numerosas ocasiones el Gobierno autonómico, “los niños no son fardos y el único interés del PP es garantizar el bien superior del menor”. Por esa razón, ha señalado, y cumpliendo con la Ley de Extranjería lo que se ha pedido a Delegación de Gobierno es que solicite un informe sobre las circunstancias familiares de los menores a la representación diplomática del país de origen, para que sea Delegación de Gobierno quien actúe si lo estima oportuno.
“El Gobierno de Cantabria no pretende la expulsión de ningún menor no acompañado. Todo lo contrario, busca el interés superior del menor. Cantabria siempre ha sido y será una tierra generosa y solidaria”, ha señalado.
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