Bartolomé explicó que el grupo parlamentario Popular solicitaba esa comparecencia al amparo del artículo 9 del Reglamento de la Cámara que permite pedir la comparecencia del Gobierno en el Pleno cuando se deniegue información a los diputados. Y es que con carácter previo se había solicitado diversa documentación en relación a la Fundación Comercio Cantabria que el Gobierno no remite alegando que no la tiene porque se trata de una Fundación privada, cuando la realidad es que se trata de una fundación participada por el sector público y eso bastaría para tener la documentación y remitirla a la Cámara.
El diputado regional señaló que "decir que no se tiene información sobre una empresa participada y subvencionada por el Gobierno con 15 millones de euros a través de una subvención plurianual en el periodo 2007-2011, raya el absurdo".
"Se plantea una disyuntiva, porque, si el Gobierno tiene los datos y no los facilita, incumple la obligación de informar a los parlamentarios y, si como dice, no la tiene, ¿cómo calificar tal irresponsabilidad, de poner tan
importante cantidad de dinero en manos de una entidad de la que
desconocemos todo?".
En vista de la negativa de información, Bartolomé se acogió al Reglamento de la Cámara para pedir entonces la comparecencia del consejero, pero la Mesa del Parlamento, "por mayoría", ha decidido que no procede, "asumiendo íntegramente los postulados del Gobierno".
Bartolomé tachó de "lamentable que ante la disyuntiva de amparar el derecho de un diputado a la información o amparar la falta de transparencia del Gobierno, la Mesa haya optado por esta segunda opción. Se cierra así el paso a un verdadero debate parlamentario sobre esta Fundación, porque es en el Pleno donde se podría materializar un debate abierto".
El diputado regional explicó que "el deseo del PP es el de tener más documentación sobre la Fundación para estudiar en profundidad cómo se está gestionando el dinero público que se le ha concedido, sin prejuzgar si se ha hecho mal".
"Resulta indiferente si se trata de una fundación pública o privada porque, al estar participada por el sector público, basta ya para que el Gobierno tenga acceso a la información que se le requiere. Además, se trata de una fundación pública irregularmente constituida, al soslayar deliberadamente los requisitos de forma y de registro que llevan al reconocimiento público de la Fundación".
La Fundación, debería haberse registrado como pública, ya que según la legislación vigente en el momento de su constitución, era pública toda fundación con mayoría de patronos públicos, como ocurría en este caso, una cuestión que fue modificada con la Ley de Presupuestos de 2008. Incluso, a finales de 2007, la Fundación Comercio Cantabria aparecía en una relación sobre deuda de las empresas públicas del Gobierno regional.
"Es chocante que el Gobierno en funciones, el 24 de mayo de 2007, tres días antes de las elecciones regionales, le concediera a la Fundación una subvención plurianual de 15 millones de euros cuando la Fundación, constituida el día 18 del mismo mes, no tenía todavía personalidad jurídica porque no se inscribió en el registro hasta el 26 de junio".
Entre la documentación solicitada y que ha sido denegada por el Gobierno figuran las copias de las escrituras de constitución de la Fundación, las actas de todas las reuniones celebradas por el Patronato --que preside el director general de Comercio, Fernando Toyos--, las normas reguladoras del programa de fidelización, la relación de comercios y asociaciones beneficiarios de subvenciones y las facturas pagadas o pendientes por publicaciones, propaganda y publicidad, o por cursos de formación.
También reclaman copias de los contratos de trabajo y de arrendamientos y datos del coste asumido por la Fundación por el canje de puntos --si es que lo ha habido--.
