El Partido Popular de Cantabria ha afirmado hoy que el acuerdo alcanzado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para los funcionarios de Justicia con dos organizaciones sindicales el 11 de abril “no pone fin al conflicto laboral” y le pide que asuma sus responsabilidades e incluya en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia las propuestas para atender a las reivindicaciones retributivas “de todos los funcionarios de la Administración de Justicia de la totalidad del territorio nacional” basadas en los cambios de las leyes de eficiencia proyectadas por el Gobierno de España y su incidencia en las funciones que realizan.
Además, el PP reclama al ministro que presente ante las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia, un plan de compensación económica por las medidas que se adopten para normalizar y resolver los retrasos causados por los conflictos laborales generados por las transformaciones estructurales en la Justicia.
Así se recoge en la proposición no de ley que el Grupo Popular registró el pasado viernes, 19 de abril, para su debate en el pleno del Parlamento de Cantabria, según ha informado el diputado regional y portavoz de Justicia del PP, Rafael de la Gándara.
El diputado ha calificado de “catastrófica” la gestión llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez de un conflicto que, además de generar un ambiente laboral inédito e insostenible en la Administración de Justicia, ha ocasionado enormes perjuicios de todo orden a la ciudadanía por los atrasos en la tramitación de los procedimientos judiciales.
Y ha dicho que el ministro no puede dar por zanjado este problema después del acuerdo alcanzado con los sindicatos CSIF y UGT para los funcionarios de Justicia el pasado 11 de abril, porque dicho acuerdo no se extiende a nivel nacional, sino únicamente sobre los trabajadores que prestan servicios en los órganos judiciales de las comunidades sin competencias transferidas en materia de Administración de Justicia (12.000 de los más de 40.000 funcionarios que integran estos cuerpos a nivel nacional) y, además, despreciando las unánimes reivindicaciones sindicales, ni se proyecta sobre un concepto retributivo general, ni se fundamenta en las modificaciones normativas, algunas ya en vigor, que van a afrontarse en los próximos meses y que afectan a todo el territorio estatal.
En el ámbito de la comunidad autónoma, para De la Gándara el acuerdo no ha hecho más que ratificar la catastrófica gestión ministerial y ha sido adoptado por Félix Bolaños con manifiesta deslealtad institucional, acogiéndose a argumentos insostenibles, solo para eludir que la causa del conflicto son las modificaciones normativas impulsados por su Ministerio y que, siendo comunes a toda España, pretende resolver solo parcialmente generando un grave problema de gestión y económico a las comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia.
Por eso, en su iniciativa, el Grupo Popular también pide que el ministro informe con claridad y transparencia, tanto en el ámbito parlamentario como en el de la Conferencia Sectorial de Justicia con las comunidades autónomas de las propuestas, compromisos retributivos y alcance territorial del acuerdo.
Y además insta al ministro a asumir sus responsabilidades en la negociación de las condiciones laborales de todos los integrantes de los cuerpos generales de auxilio, tramitación y gestión de todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, así como en la negociación de las propuestas retributivas en el complemento general del puesto respecto a la totalidad de los más de 40.000 funcionarios de Justicia.
El Grupo Popular de Cantabria entiende que el conflicto y su solución es competencia del Gobierno de España, no de las autonomías, y el conflicto laboral en esta Administración, es un problema del Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que tiene que dar soluciones donde ha generado problemas.
Se adjuntan audio, fotografía y PNL del Grupo Popular
