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El Partido Popular quiere que la Salud Mental vuelva a la agenda política

Con una política de tierra quemada y absoluto abandono, el Gobierno está dejando de lado una materia en la que Cantabria estaba hace cinco años a la cabeza de España en planificación y atención. La diputada regional y portavoz de Sanidad del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga defenderá mañana en el pleno del Parlamento una proposición no de ley que quiere instar al Gobierno a aprobar y a remitir al Parlamento, en el plazo máximo de tres meses, el Plan Autonómico de Salud Mental.

Buruaga manifestó que "este plan debe ser la base de la gestión responsable y eficaz que nos permita recuperar el tiempo y las posiciones perdidas y afrontar mejoras imprescindibles y urgentes hoy en la atención a los problemas de salud mental que están llamados a ser una de las principales discapacidades en la sociedad europea para los próximos años".

La diputada regional subrayó que el Partido Popular quiere introducir la salud mental en la agenda política, contribuyendo desde el impulso parlamentario a mejorar una planificación y atención han caído en el olvido del Gobierno en los últimos años.

"Para el Partido Popular este es un asunto absolutamente prioritario. Se debe garantizar la adecuada atención a las personas con enfermedad mental y su plena equiparación el resto de ciudadanos que sufren cualquier enfermedad de cualquier naturaleza. Un derecho que está en la esencia misma de una sociedad moderna como la nuestra".

El compromiso del anterior Gobierno de Cantabria de situar la atención a la salud mental entre las prioridades de las políticas públicas de la región supuso que Cantabria no fuera solo capaz de romper la inercia histórica que había desplazado las necesidades de los enfermos mentales y sus familias, sino que llevó a la región al grupo de cabeza y referente nacional en materia de salud mental.

"El PP fue capaz de diseñar y planificar con éxito una respuesta integral a los retos que la salud mental planteaba en Cantabria. Un compromiso que fue respaldado con hechos y actuaciones como la promulgación de la Ley de Salud Mental en 1996, la aprobación del Plan Regional de Salud Mental en 1998, o la puesta en marcha de una Dirección General y un programa presupuestario específico que entre 1996 y 2000 se benefició de un incremento presupuestario del 80% desarrollando programas y recursos en beneficio de usuarios y familiares".

¿Qué ha pasado durante estos casi seis años con la salud mental en Cantabria? Según explicó Sáez de Buruaga, "la salud mental y sus usuarios son víctimas de la probada falta de sensibilidad, voluntad y compromiso político y presupuestario de nuestro Gobierno, de la ausencia toda labor planificadora y su incapacidad para ejecutar y dar continuidad a los programas y contenidos de la propia Ley y el Plan Autonómico".

"Da la sensación de que todo el trabajo hay ido dirigido no a impulsar este proceso de reforma sino a desmantelar el trabajo de Partido Popular. Hoy con socialistas y regionalistas la salud mental vuelve a ser la hermana pobre, y los enfermos y familiares, invisibles, representando la viva imagen del retroceso en Cantabria".

Casi seis años después, el Gobierno continúa haciendo caso omiso del mandato contenido en la Ley de Salud Mental y con ello Cantabria sigue sin disponer de esa herramienta básica, encargada de diseñar el modelo de atención, desarrollar acciones, garantizar la provisión de esfuerzos, recursos y coordinación necesarios, y en definitiva dotar a Cantabria de una variada gama de dispositivos, programas y servicios adecuados a las necesidades de nuestra población.

Buruaga concluyó que "ni la salud mental, ni los pacientes ni los familiares pueden permitirse un Gobierno sin rumbo, y por esos instaremos mañana al Gobierno a aprobar y a remitir al Parlamento, en el plazo máximo de tres meses, el Plan Autonómico de Salud Mental".

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