Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha anunciado hoy en Carasa, en la Junta de Voto, la presentación de diversas iniciativas parlamentarias en defensa de los derechos a los afectados por la nueva normativa de la Ley de Costas que supone reducir la renovación de las concesiones a los propietarios de terrenos de dominio marítimo-terrestre por un periodo de cinco años frente a los 75 que concedía el reglamento hasta ahora.

Se trata de la solicitud en el Parlamento de Cantabria de la comparecencia del jefe de la Demarcación de Costas, de los portavoces de los colectivos de afectados y de un representante del Gobierno de Cantabria, que se prevé tengan lugar en febrero y marzo, con el fin conocer la situación precisa en que se encuentran los procedimientos de prórroga de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre, el número de ellos resuelto y el número de ellos por resolver, los motivos para establecer los plazos y la afección que todo ello está provocando en la actividad económica que se desarrolla en esas fincas.

Y, por otro lado, del registro en el Senado de preguntas escritas y orales para conocer las razones por las cuales el Gobierno de España sólo admite la prórroga de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre por periodos de cinco años, abocando a los afectados a recurrir de nuevo a los tribunales después de haber ganado su derecho a obtener las prórrogas.

Así lo han dado a conocer el diputado del Partido Popular y senador autonómico, Íñigo Fernández, y el senador Juan Carlos García, desde las Marismas de Carasa, donde se han desplazado acompañados del alcalde de Voto, Santiago del Campo, del presidente de la Junta Vecinal de Carasa, José Manuel San Emeterio, y del presidente de la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas y de la Sociedad de las Marismas de Carasa, José Luis Thomas.

Los parlamentarios del PP han subrayado su apoyo a los afectados y han dicho que la actitud y la interpretación tan personal de la Ley que realiza la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, vacían de contenido la reforma que se aprobó en 2013 para permitir la prórroga de las concesiones territoriales que caducaban en el dominio marítimo-terrestre y suponen un “calvario” para los afectados, pues se les aboca a tener que recurrir a los tribunales para reclamar y que se les reconozca lo que es suyo.

Los senadores explicaron que el PP va a defender los derechos de los afectados en todos los ámbitos frente a las agresiones de la ministra Ribera, que parece querer ensañarse con Cantabria. Y advirtieron de que la paralización y entorpecimiento de los procesos de renovación de las concesiones de Costas está provocando no sólo incertidumbre entre los afectados sino también un importante perjuicio económico la región.

En concreto, Iñigo Fernández explicó que las prórrogas de las concesiones se paralizaron desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en junio de 2018 y esto está ocasionando un daño enorme a los titulares de pequeños negocios (explotaciones ganaderas, talleres, conserveras, negocios turísticos) ubicados en los estuarios de Cantabria.

“La ministra Teresa Ribera es tóxica para Cantabria”, ha sentenciado, lamentando que esté obsesionada en una interpretación restrictiva de la Ley de Costas cuando “no hay mejor manera de mantener el valor ecológico y ambiental de estas fincas que prorrogando las concesiones para que sus titulares las tengan tal y como las vemos”.

“Es muy fácil ejercer el ecologismo desde Madrid, pero cuando se habla de la viabilidad medioambiental de estas parcelas lo primero que hay que hacer es venir al terreno y conocerlas, porque si lo hicieran se les quitaría de la cabeza la idea de expulsar a los titulares de las concesiones de aquí”, ha dicho.

En el mismo sentido se ha pronunciado Juan Carlos García, portavoz de Ganadería del PP en el Senado, quien ha criticado el empecinamiento de la ministra contra el ganadero y el agricultor, recordando también la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas de España (Lespre) que amenaza la actividad ganadera.

Por su parte, José Luis Thomas ha explicado que en las Marismas de Carasa esta problemática afecta 50 propietarios, a cien hectáreas de terreno agrícola en uso y a 11 explotaciones ganaderas. Y ha dicho que esta situación se resolvería volviendo a la reforma de la Ley de Costas que hizo el Partido Popular en el año 2013. “Esa Ley de Costas nos satisfacía a todos y sería la forma de que estos terrenos agrarios prorrogaran su vida útil para crear alimentos y economía para la región. Recuperando eso tendríamos ya el instrumento jurídico suficiente para seguir nuestra actividad”, ha dicho.

Se adjuntan audios y fotografía