Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular de Torrelavega ha denunciado que el programa de conciliación familiar y laboral “Abierto en Vacaciones” fue suspendido el día 14 de julio porque el Ayuntamiento carecía de contrato con la empresa a la que se encargó el servicio, irregularidad por la cual se puso fin de manera urgente.

El portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Vargas, ha explicado que el expediente de contratación que debía haberse resuelto con anterioridad al inicio del programa comenzó su tramitación el día 3 de julio, por lo que era inviable su prestación durante todo el mes de julio. “La solución a la dejadez del equipo de gobierno fue la de encargar a una empresa que lo prestara, pero sin tramitar ningún tipo de contrato, algo que vulnera normas presupuestarias y de contratación”, ha dicho.

“El equipo de gobierno de PRC y PSOE, con su dejadez y falta de trabajo político, ha dejado tirado de un día para otro a los usuarios, pero además ha encargado trabajos saltándose las normas y poniendo en riesgo el cobro de la empresa, de la misma manera que esta mala gestión pone en riesgo la recepción de una subvención, ya que el programa está financiado por el Plan Corresponsables”, ha advertido Vargas.

Desde el PP lamentan que este programa de ayuda a la conciliación - que no es nuevo y se trató en comisión informativa en febrero - haya dejado a los usuarios sin servicio la última semana de junio, sin comedor; se haya ofrecido de manera irregular la primera quincena de julio y con la cesión de espacios públicos a una empresa privada la segunda quincena.

Y esperan que el trabajo exprés de los funcionarios para poder adjudicar el contrato en menos de una semana sirva para minorar los daños ocasionados por la parte política y se pueda comenzar el servicio el día 1 de agosto, tal y como se está anunciando a pesar de no estar confirmado.

Miguel Ángel Vargas ha solicitado una comisión extraordinaria para conocer las explicaciones del equipo de gobierno y ha reiterado que el caos generado y la vulneración de las normas en este asunto no puede resolverse de otra forma que no sea asumiendo el alcalde, Javier López Estrada, su responsabilidad y retirando las competencias en materia de Igualdad a la concejal responsable, Patricia Portilla.

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