"Aparte de la imagen de inseguridad jurídica y descontrol en la política urbanística, estamos muy preocupados por el grave quebranto económico que estas resoluciones pueden suponer para el ayuntamiento, la última, esos 155.000 euros por el litigio con la familia Gestera".
"De todas formas no nos sorprende lo que está pasando en el urbanismo de Val de San Vicente ya que por desgracia el alcalde actúa de manera prepotente y como si el municipio fuera su propio cortijo, tomando decisiones que luego tienen graves consecuencias, como se está viendo ahora".
José Antonio Tarno consideró que "la responsabilidad es del alcalde, ya que lleva gobernando desde tiempos inmemoriales este municipio, por lo que si le quedara un mínimo de vergüenza política debería actuar en consecuencia".
"De todas formas, tantos años en el poder le hacen creerse con todos los derechos, con una actitud que no deja de ser contraria a las más mínimas reglas de un sistema democrático".
Por todo ello el grupo municipal del Partido Popular en Val de San Vicente ha solicitado el informe de qué gabinetes jurídicos o asesores están contratados, así como la aportación del contrato suscrito con estos, de existir, el sistema de retribuciones, y las formas de pago.
Además, se han requerido los importes abonados por el consistorio a los letrados en 2006, 2007, y 2008.
Finalmente se han solicitado los informes de los expedientes y los respectivos procesos judiciales en los que se encuentra inmerso el ayuntamiento, incluidos los que figuren con sentencia firme, en proceso y recurso, así como en cuantos autos se ha personado el Ayuntamiento de Val de San Vicente como parte.