"En el 2003, cuando gobernaba el PP, el gasto por alumnos se situaba en 2.865 euros. Si se incrementa esa cantidad en relación al Producto Interior Bruto a precios de mercado, el gasto en el 2004 tenía que haber sido de 4.162 euros; en el 2005, de 4.496; en el 2006, de 4.862, y en el 2007, de 5.244, mientras que este año se habrían superado ya los 5.500 euros".
José Antonio Cagigas considera que "los presupuestos demuestran que la memoria económica que acompaña a la Ley de Educación que se tramita en el Parlamento es una farsa".
Así, la memoria prevé una inversión de 502 millones de euros en seis años, con lo que para el 2009 se tenía que haber presupuestado un gasto en educación de al menos 590 millones de euros, en lugar de los 530 consignados.
Junto a ello el presupuesto abandona a la enseñanza pública y concertada, porque los gastos de funcionamiento de los centros que gestiona la administración regional aumentan un 0,2 por ciento y los de los subvencionados un 0,6 por ciento, en ambos casos por debajo de la inflación.
Cagigas considera que "el presupuesto es despilfarrador, porque la Consejería tendrá que destinar el año que viene 11,5 millones de euros a pagar las obras ejecutadas con el sistema de financiación estructurada, frente a los 2 millones que gastó en el 2006. Es también opaco porque en el anexo de inversiones no figuran las obras que se van a ejecutar en el 2009".
"Además, las cuentas de Educación no apuestan por el esfuerzo colectivo, dado que representan el 21,26 por ciento del total consignado, frente al 22,31 por ciento que destina Castilla y León, el 24,22 por ciento de Madrid y el 29,52 por ciento de Valencia".
El diputado regional del PP ha sido muy crítico con la reducción de fondos para la Formación Profesional, un 2 por ciento, cuando deberían incrementarse de manera considerable para crear empleo en un momento de crisis. "Si no se apuesta por la Formación Profesional, no se apuesta por el crecimiento económico, por el empleo y por la competitividad".
"Los presupuestos de Educación mantienen la chapuza de la escolarización de cero a tres años, ya que se sigue centrando en los dos años, se abandona a las zonas rurales y se sigue privatizando el servicio, al contratar al personal auxiliar a través de empresas de trabajo temporal".
"La implantación de estas aulas suponen un expolio para los ayuntamientos, porque los municipios que contratan directamente a los auxiliares seguirán recibiendo 15.000 euros anuales por empleado, la misma cantidad que hace dos años".
Finalmente ha subrayado que el presupuesto abandona la investigación, al reducir un 26 por ciento el gasto de la sociedad IDICAN y aumentar solo un 4,16 en de la Dirección General de Universidades.
