Partido Popular en Cantabria

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha exigido al Gobierno regional la retirada inmediata del proyecto de ley de Vivienda, porque protege al okupa frente al propietario y supone un ataque directo a la propiedad privada, al declarar el alquiler forzoso de la vivienda vacía y la expropiación.

“No queremos que Cantabria se convierta en la Barcelona de Colau”, ha afirmado la presidenta y ha avisado de que la ley que la coalición PRC-PSOE ha remitido al Parlamento es un disparate de principio a fin que convierte al Gobierno en el caprichoso dueño de tu vivienda y del ahorro familiar. “Es una ley ideológica, conflictiva y radical que consuma el giro a la izquierda de la coalición y ahonda en las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez”, ha remarcado.

Según Buruaga, que haya sido aprobada por el Consejo de Gobierno solo tiene una explicación: o el presidente de la comunidad no se lee los proyectos de ley que aprueba a propuesta de sus socios del PSOE o ha entrado en una espiral de deterioro ideológico y sometimiento demencial a Pedro Sánchez.

LAS BARBARIDADES DE LA LEY

La presidenta ha lamentado que, a diferencia de lo que sí están haciendo otras regiones de España, esta ley no incorpora una sola medida para luchar desde la autonomía contra la ocupación ilegal, un problema y una demanda social al que el Gobierno de Revilla da la espalda siguiendo los postulados de Podemos y el sanchismo.

Es más, ha añadido, va más allá protegiendo a los okupas, al establecer entre sus obligaciones la de habilitar los medios personales y materiales necesarios para asesorar, ayudar y acompañar a las personas, que se vean privadas de una vivienda como consecuencia de un proceso judicial,lo que incluye a los que hayan sido desalojados por mandamiento judicial como consecuencia de una ocupación ilegal.

Para la dirigente popular, es una barbaridad que esta ley declare el alquiler forzoso de viviendas e imponga medidas coercitivas para obligar a un propietario a poner su vivienda en el mercado de alquiler en contra de su voluntad, penalizando la vivienda vacía con multas de entre 3.000 y 15.000 euros y un recargo en el IBI del 50%.

Además, el Gobierno podrá expropiar una vivienda cuando esté vacía y tenga declaración de inhabitabilidad si se dicta una orden de ejecución de obras y es desatendida.

Según la presidenta, ni Sánchez ni Revilla puede decirles a los cántabros cómo, cuándo y por cuánto tienen que alquilar la vivienda de su propiedad y que con tanto esfuerzo y trabajo han ganado.

Y ha hecho hincapié en que no se va a conseguir que el parque de vivienda privada en alquiler aumente mientras la ley no prevea medidas eficaces para apoyar a los propietarios que están dispuestos a poner su vivienda en el mercado, pero que no lo hacen por falta de certezas y de seguridad jurídica, porque están indefensos ante un inquilino que no les paga o destroza su casa.

Además, esta ley pretende convertir a los ayuntamientos en policías, porque establece que deben ser estas administraciones las que realicen la labor de inspección y comprobación de si una vivienda está vacía o no.

La presidenta ha concluido que esta ley rezuma ideología y está hecha en contra de la mayoría de los cántaros y, además, lo que pretende imponer no ha funcionado en ninguna parte, porque el resultado es siempre la contención de la oferta y el crecimiento de los precios.

Y ha avisado de que, si se aprueba, Cantabria puede convertirse en la Barcelona de Colau, donde se dispara el precio del alquiler y se dificulta el acceso a la vivienda a los jóvenes, se llama a la okupación y se ahuyenta a la inversión.

Para Buruaga, lo que se necesita en Cantabria es certidumbre para atraer inversión en vivienda y seguridad jurídica e incentivos para aumentar la oferta y bajar los precios; que se aprueben los planes generales que llevan años y más años atascados para favorecer la construcción de vivienda de protección oficial, y que el Gobiernoemplee el presupuesto en construir vivienda de protección pública, en lugar de pretender que sean las familias, a costa de su patrimonio, las que carguen consu fracaso en política de vivienda.

La presidenta ha advertido de que el Partido Popular va a evitar por todos los medios que salga adelante una ley que opta por multar, por obligar, por intervenir, por subir los impuestos a los propietarios, por la privación de la libertad y la propiedad guiada por criterios puramente ideológicos y que amenaza con el estado policial para investigar lo que haces o dejas de hacer en tu propia vivienda ”Se trata de hacer leyes que realmente ayuden a los ciudadanos, no que generen efectos secundarios, creen conflictos y agraven los problemas”, ha dicho.

Se adjuntan audios y fotografía

Créditos foto: Nacho Cubero