Ante esta situación el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de creación de la Agencia al entender que no cumple los criterios de "austeridad y simplicidad" que requiere la actual situación económica.
El diputado ha recordado que las competencias en materia de consumo dependen en la actualidad de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, incluida dentro de la Consejería de Economía y Hacienda.
Albalá considera que esta austeridad la deben seguir "todos los niveles de la Administración", y lamenta la "proliferación sin fin" de este tipo de entes, que cifró en torno a los 40 en Cantabria, para ejercer "las mismas competencias".
En rueda de prensa, Luis Carlos Albalá ha cuestionado la necesidad de este organismo "superfluo" que se limitar a "vaciar de contenido" unidades administrativas ya existentes, a los que se trasladan "en bloque" las competencias sin aportar mayores novedades.
El parlamentario ha incidido en que este proyecto no aporta novedades respecto a la Ley cántabra de Defensa de los Consumidores y Usuarios ya existente, señalando que medidas contempladas ahora como la creación de un Consejo Consultivo ya estaban previstas en la citada ley sin que fueran desarrolladas.
Albalá ha señalado que esto supone un "claro abuso" al introducir "opacidad en la gestión", generar un incremento en los costes y ante la posibilidad de un uso "arbitrario y partidista" de
este nuevo organismo. Para el PP este proyecto no es una "cuestión aislada", sino un "caso más de una reiterada política" de creación de entes administrativos y sociedades mercantiles.