El Partido Popular pide al Gobierno de Cantabria "que se implique en hacer frente a los okupas y deje de mirar a otro lado" ante el fenómeno de la ocupación ilegal de vivienda en la comunidad autónoma, donde se han registrado 280 casos en la legislatura según los datos de los que la consejera de Políticas Sociales informó esta semana en comisión parlamentaria en respuesta a preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Fernández.
Por ello, la formación ha registrado este viernes en el Parlamento de Cantabria una enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Regionalista sobre okupación que se debatirá en el pleno del lunes, en la que el PP propone distintas acciones que el Gobierno de Cantabria puede llevar a cabo, al margen de instar a las Cortes Generales a adoptar medidas, "para que no se lave las manos ante un problema de esta magnitud".
Íñigo Fernández ha asegurado que Pedro Sánchez y sus pactos con Podemos son los principales responsables de que en España la legislación proteja a los okupas frente a los propietarios y frente a quienes ven alterada su vida en una comunidad de vecinos. Pero, según ha dicho, "eso no significa que el Gobierno de Cantabria no pueda hacer nada, al contrario, el Gobierno de Cantabria debe implicarse y adoptar algunas medidas en la región para, si no erradicar el problema que es muy difícil teniendo en cuenta que las principales competencias son nacionales, al menos sí reducirlo de manera importante en nuestra tierra y evitar la proliferación de casos que estamos viendo en los últimos tiempos".
Según ha explicado, implicarse significa elaborar un mapa de la ocupación en Cantabria que permita conocer qué viviendas están ocupadas y en qué zonas se distribuye ese fenómeno, para evitar situaciones como las que se han dado en las comparecencias de la consejera Eugenia Gómez de Diego sobre este tema en el Parlamento, mostrando un absoluto desconocimiento de los datos, la incidencia y el alcance de este problema en la región. "Muy mal vamos a poder hacer frente al problema si no sabemos cuáles son sus dimensiones", ha lamentado.
En segundo lugar, el PP propone habilitar una oficina de apoyo y asesoramiento de especialistas a los afectados y perjudicados por el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, ya sean propietarios o comunidades de vecinos, cuya vida se altera inevitablemente ante el clima de inseguridad que produce la presencia de okupas.
Y también, según ha resaltado el portavoz, para el Partido Popular es muy importante la constitución de un grupo de trabajo con la Federación de Municipios de Cantabria con el fin de coordinar respuestas a adoptar en el transcurso de las 48 primeras horas y estudiar en qué supuestos procede adoptar medidas de compensación fiscal a los propietarios perjudicados, a través del IBI o del Impuesto de Patrimonio y, en su caso, elaborar una propuesta para hacer extensiva al conjunto de las administraciones locales y a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
Íñigo Fernández ha subrayado que el PP no comparte la opinión de la consejera de que no hay un problema social en Cantabria con este tema y considera preocupante que, precisamente quien está a cargo del área de Vivienda y tendría que proponer soluciones ante la okupación, no tenga conciencia de que es un problema. "Todos vemos que hay un problema menos el PSOE", ha dicho advirtiendo de que "la podemización del PSOE, replicando las opiniones de las ministras Yolanda Díaz o Irene Montero, le impide ver la magnitud de un problema que achacan a una invención de la derecha".
"El problema de la ocupación ilegal de viviendas es un problema real, no es un problema inventado por la derecha. Lo tenemos en Cantabria en Polanco, Guarnizo, Torrelavega, Hazas de Cesto, Argoños, Meruelo, Bárcena de Cicero, etcétera. Y el Gobierno de Cantabria tiene la implicación de implicarse en la búsqueda de soluciones", ha subrayado el portavoz popular.
De hecho, debido a la preocupación que el partido tiene en relación con este tema, el portavoz del PP cántabro ha estado presente este viernes en la convención sectorial que los populares han celebrado en Barcelona, donde el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, informó sobre el plan de medidas del PP frente a la ocupación.
Unas soluciones que principalmente pasan por promover los cambios pertinentes en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de ejecutar el desalojo de los okupas en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento y el desalojo inmediato en caso de flagrante delito; reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de prisión; mejorar la protección jurídica frente a actuaciones de mafias; considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal; prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener consideración de morada o domicilio; devolver a los propietarios lo abonado en concepto de IBI e Impuesto de Patrimonio durante el tiempo que su vivienda ha sido ocupada; y reforzar los recursos a disposición de las Fuerzas de Seguridad y de los tribunales de justicia.
"La solución pasa, en definitiva, por cambiar la política del Gobierno de España respecto a las ocupaciones ilegales de viviendas y, en esencia, por cambiar al Gobierno de España", ha sentenciado Íñigo Fernández.
Se adjunta audio, fotografía y enmienda del Grupo Popular
