Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular de Cantabria ha advertido de que el creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en la comunidad autónoma ha llegado hasta el punto de que hay propiedades del Gobierno de Cantabria que están siendo okupadas y pide al Ejecutivo explicaciones sobre las gestiones que está realizando a nivel autonómico para proteger la propiedad privada y el patrimonio colectivo de todos los cántabros.

Según ha explicado Iñigo Fernández, portavoz parlamentario del PP, en el municipio de Argoños siete viviendas afectadas por sentencias de derribo y que pasaron a ser del Gobierno de Cantabria mediante la indemnización a sus propietarios, han sido ocupadas ilegalmente poniendo en una situación más dramática si cabe a los propietarios de esas comunidades de vecinos.

“Esas viviendas son propiedad de todos los cántabros y queremos saber ¿qué está haciendo el Gobierno de Cantabria para sacar a esos okupas de ahí? ¿está haciendo algo o se está lavando las manos como en todo? ¿por qué no se utilizan esas viviendas en todo caso para ponerlas a disposición de familias que las necesiten en lugar de dejarlas en manos de okupas y de mafias?”, ha preguntado Fernández, quien el lunes formulará una interpelación sobre estos extremos en el Parlamento.

“El problema de la ocupación ilegal de viviendas en Cantabria va creciendo y creciendo, la alarma social por los actos de ocupación ilegal de viviendas va en aumento y nadie hace nada para detenerlo”, ha lamentado el portavoz popular, quien ha dicho que el Gobierno de Cantabria debe informar de qué medidas ha desarrollado en el ámbito de las competencias propias de la comunidad autónoma, si es que ha hecho algo, para evitar que el problema de la ocupación ilegal de viviendas vaya a más en Cantabria y en defensa de las familias o empresas propietarias de una vivienda que está siendo ocupada ilegalmente en municipios como Meruelo, Argoños, Hazas de Cesto, Polanco o Torrelavega, donde cada vez hay más episodios y más familias agredidas por esta situación que no es propia de un Estado de Derecho.

“El problema de los okupas es hoy uno de los grandes problemas para esta región y para este país y las administraciones no pueden mirar hacia otro lado, cuando además, a menudo, quienes ocupan estas viviendas de manera ilegal participan de la actividad de mafias que hacen negocio con estas propiedades y perjudican el clima de convivencia en las comunidades de vecinos”, ha señalado Iñigo Fernández.

En este sentido, ha recordado que en Cantabria se han constituido plataformas ciudadanas de afectados para, por un lado, exigir soluciones a las administraciones públicas, y, por otro, movilizarse ellas mismas, incluso, ante episodios de estas características.

Y que, en relación con el problema de la ocupación ilegal de viviendas y sus consecuencias para propietarios, comunidades de vecinos y población en general, el Parlamento de Cantabria ha aprobado sendas resoluciones con fecha 21 de septiembre de 2020 y 22 de octubre de 2021, promovidas una y otra por el Grupo Regionalista y por el Grupo Popular, en las que se insta a las Cortes Generales a adoptar medidas legislativas que pongan fin a esta situación tan desagradable. Sin embargo, el problema no se ha resuelto, sino que se ha agravado.

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