Partido Popular en Cantabria

Las NUR son sin duda un instrumento de ordenación territorial de vital importancia, ya que ofrecen soporte jurídico a todos aquellos municipios que no tienen un plan urbanístico, situación que en la actualidad afecta a 29 ayuntamientos, que no tienen ni PGOU ni Normas Subsidiarias.
Tras el varapalo judicial de enero se ha puesto de manifiesto el fracaso de la política urbanística del Ejecutivo en los últimos cinco años, que tiene en las NUR uno de sus máximos exponentes, al haber sido redactadas sin consenso y con defectos de forma que han llevado al TSJC a declararlas nulas.
La sentencia es taxativa al declarar la nulidad de las Normas Urbanísticas Regionales por un vicio de procedimiento que la sentencia declara esencial, no haber publicado la estimación de impacto ambiental. Hecho que obliga al Gobierno a abordar de nuevo el procedimiento, o lo que es lo mismo, hacer unas nuevas NUR.

¿Qué ha hecho desde enero el Gobierno? Aunque tanto desde el PP como desde los ayuntamientos recurrentes se hizo un llamamiento al Ejecutivo para recapacitar, reconocer sus errores y rectificar, con el fin de que la derrota judicial supusiera una oportunidad de consenso, el Gobierno ha seguido una trayectoria errática.
Desde el Gobierno Regional se ha optado por la peor de las decisiones, recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, algo muy perjudicial por la inseguridad jurídica y situación de bloqueo que ha generado en estos ayuntamientos, ya que así, el Gobierno mantiene viva una norma que el TSJC ha declarado nula, y que aunque subsane su defecto de forma, sigue teniendo en contra a los municipios afectados, con los que no se ha consensuado solución alguna.
El Gobierno no sólo recurre la sentencia del TSJC, sino que también habla de corregir el defecto de tramitación y de paso, hacer algún cambio o retoque. Es decir, el Gobierno hace una cosa, recurrir, la contraria, subsanar el defecto de forma, y una tercera, prometer cambios, cuando en realidad lo que debería hacer es sentarse a consensuar una nuevas NUR con los ayuntamientos, atendiendo a sus peticiones.
Han pasado ocho meses de esa sentencia en los que se ha agravado la situación de inseguridad jurídica. Ocho meses en los que se han frenado procesos de desarrollo, se han dado largas y sobre todo, se han generado falsas expectativas.
Por todo ello, el Partido Popular quiere saber qué intenciones tiene el Gobierno con las NUR. ¿Va a subsanar el defecto formal o tiene el verdadero ánimo de consenso para escuchar las sugerencias de los ayuntamientos y hacer unas nuevas?
Queremos respuestas y creemos que el Gobierno las debe tener, máxime cuando el Presidente Regional ha manifestado que las NUR estarán a final de este año. Algo tendrá que decir el consejero de Urbanismo y esperamos escucharlo en este próximo Pleno del Parlamento.