Partido Popular en Cantabria

Mazas ha reclamado para este instrumento financiero que la "austeridad" y la "eficacia" presidan sus actuaciones para que se convierta en un motor para el desarrollo de la Ley de Finanzas regional y no en una "administración paralela" o una herramienta para "huir" del control administrativo.

Los recursos que moverá el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), no figurarán en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma y los grupos parlamentarios no podrán pronunciarse por tanto sobre los proyectos. Por ello, el PP no cree que sea suficiente con la incorporación de representantes de los grupos políticos del Parlamento cántabro en el Consejo de Supervisión del ICAF.

Mazas ha explicado que la representación en ese órgano "está bien, pero no es suficiente", recordando que durante la tramitación parlamentaria de la Ley del Instituto de Finanzas, el PP pidió sin éxito que la información que el ICAF deberá remitir a los grupos sea "realmente eficaz para comprobar si los proyectos se realizan de forma diligente", porque lo previsto en la ley no es parece suficiente.

Por otro lado, la diputada regional considera que el ICAF debe ser un instrumento para racionalizar el gasto financiero del sector público empresarial y fundacional y dotar a las empresas públicas de la "transparencia" que ahora no tienen.

Y es que la actuación hasta ahora de las empresas públicas "está muy lejos del objetivo" que se marca el Instituto Cántabro de Finanzas de hacer de la transparencia su "seña de identidad". Por ello, y según ha manifestado Cristina Mazas "si realmente se quiere dotar de transparencia" a las empresas públicas habrá que actuar frente a situaciones como el pago de tres millones de euros para la difusión del Plan de Gobernanza con cargo a CEP Cantabria, un gasto que debería haberse imputado a la Consejería de Economía.

En cuanto a la mejora de la gestión de las empresas públicas, la diputada ha subrayado que el Instituto de Finanzas debe ser "diligente" para "agilizar" los proyectos, ya que, algunas empresas públicas han supuesto retrasos en proyectos de infraestructuras de la región. Un ejemplo es Giscan, la empresa pública encargada de la construcción de infraestructuras sanitarias, que debería haber empezado a licitar proyectos en 2004 y 2005, y sin embargo no ha realizado las primeras licitaciones hasta "finales de 2006".

Por último, Cristina Mazas se ha referido a la gestión del Instituto Cántabro de Finanzas, en el actual contexto de "crisis" económica, reclamando que esté presidida por la "austeridad", que debe aplicarse no sólo en el Gobierno regional sino en el conjunto del sector público empresarial y fundacional. A su juicio, esa austeridad, de la que no habido "muy buena experiencia" en años anteriores, debe plasmarse tanto en los gastos de personal como en los gastos improductivos.

Para ilustrar este razonamiento, Mazas ha explicado que entre los años 2004 y 2008 "prácticamente se han doblado" los costes de personal en las empresas públicas, a lo que se unen los gastos en comidas y viajes con cargos a las Visa de diversas empresas públicas, como los 45.000 euros gastados con la Visa del director de CEP Cantabria entre 2005 y 2008; lo 25.000 de la Visa de GESAICAN entre abril de 2005 y septiembre de 2007; otros 26.000 en el mismo periodo con la Visa de EMCANTA; y 10.000 euros con la de GENERCAN entre 2006 y 2007.