Partido Popular en Cantabria

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha trasladado hoy al presidente Miguel Ángel Revilla su disposición a negociar para alcanzar un acuerdo sobre la nueva Ley del Suelo. La dirigente popular ha enviado esta mañana una carta al presidente en la que le comunica la voluntad de diálogo del Partido Popular y su predisposición al acuerdo, al tiempo que le emplaza a concretar una reunión para exponerle el posicionamiento de su partido sobre el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria que el Gobierno está tramitando en el Parlamento.

“Mi forma de entender la política es de entendimiento. Soy una firme convencida de que el Ejecutivo y la alternativa de Gobierno debemos trabajar juntos en todos los asuntos de trascendencia regional y, con esa convicción, te traslado mi voluntad de dialogar y mi predisposición al consenso”, señala la presidenta. 

En el escrito, subraya la disposición del Partido Popular a ayudar y apoyar al Gobierno en todos los asuntos estratégicos de región, entre los que indudablemente figura la nueva Ley del Suelo, pues se trata de un instrumento clave que va a determinar el futuro modelo territorial de la comunidad autónoma.

Para la presidenta, si se quiere que perdure en el tiempo, la nueva ley debería concitar el mismo consenso que la que aprobó en 2001 el Gobierno del Partido Popular, de coalición con el Partido Regionalista, y que nació fruto del consenso del arco parlamentario. 

“Esa es -añade Buruaga- la mejor manera de evitar constantes modificaciones en función de los vaivenes políticos y de generar un escenario de estabilidad y seguridad jurídica y económica a los ciudadanos, a las empresas y a los ayuntamientos absolutamente necesario en este ámbito y también de normalizar la situación urbanística en Cantabria”.

En carta al presidente, la presidenta le traslada que la filosofía de la que parte su partido es la de mantener y plasmar en la nueva legislación lo que ha funcionado bien durante los años de vigencia de la Ley de 2001 y descartar lo que no lo ha hecho.

Y entre lo que sí ha funcionado, defiende el actual régimen de usos del suelo rústico y la posibilidad de edificar vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable de manera ordenada, controlada y sostenible, una regulación que para el Partido Popular es fundamental mantener de acuerdo con la modificación introducida en 2012.

Para el Partido Popular, esta ley supone también una magnífica oportunidad para apostar por la necesaria agilidad de procedimientos y simplificación administrativa; la supresión de trabas burocráticas innecesarias, y la coordinación y cooperación entre administraciones durante todo el proceso, pues la necesaria seguridad jurídica no puede convertirse en un freno a la actividad económica.

Buruaga concluye pidiendo a Revilla un esfuerzo para buscar y alcanzar un amplio consenso, porque es un imperativo.