Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha reclamado hoy un consejero que se implique en la solución de los derribos, no que mire para otro lado como hace el titular de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, que lleva tres años en el cargo sin que se haya producido ningún avance para resolver la situación de las 500 familias de Cantabria afectadas por la ejecución de sentencias de derribo sobre sus viviendas.

Así lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular, Iñigo Fernández, en una rueda de prensa en la que ha informado sobre la interpelación que el PP formulará al consejero el próximo lunes en el Parlamento de Cantabria en relación con el cumplimiento de las resoluciones parlamentarias relativas a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo en la región y sobre las gestiones qué está haciendo para que se aprueben los PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Piélagos y Argoños.

“Es que el consejero ni se inmuta, es que cuando los demás no duermen por la angustia que están viviendo, él pasea indolente por encima de los expedientes sin que parezcan afectarle lo más mínimo. Cantabria necesita un consejero que se implique, no un consejero que mira para otro lado y al que lo único que parece interesarle es que la bomba no le estalle entre las manos aunque les estalle a 500 familias de esta región dentro de sus casas. Este no es el consejero más adecuado para tramitar este problema”, ha indicado Fernández.

El diputado del PP ha recordado que el problema de los derribos, además de afectar a esas 500 familias que compraron sus viviendas de buena fe, no son culpables de la ilegalidad de las licencias y llevan veinte años viviendo una penitencia, “afecta a la región entera”, porque proceder a la demolición en todas las sentencias de derribo sin explorar la posibilidad de que algunas de ellas puedan regularizar su situación con los cambios urbanísticos precisos, implicaría hacer frente a unas indemnizaciones por importe de más de 100 millones de euros. Algo que, a juicio del Partido Popular, Cantabria no se puede permitir y menos después de haberse sabido que los principales proyectos del Gobierno de Cantabria han quedado excluidos de los fondos europeos.

El portavoz popular ha señalado que para inaugurar una carretera vale cualquiera pero para mirar a la cara a las familias afectadas por este problema se necesita alguien que se implique, pues gobernar también supone hacer frente a problemas muy serios y dolorosos como la ejecución de sentencias de derribo.

Para parlamentario del PP, la indolencia del consejero de Obras Públicas explica la reacción del colectivo de afectados, representado por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que han manifestado sus quejas y malestar por esta situación, mostrando su indignación pública y rompiendo relaciones con un consejero que sienten que les está tomando el pelo.

PIÉLAGOS Y ARGOÑOS

Iñigo Fernández ha expuesto que a lo largo de los años, el Parlamento de Cantabria ha adoptado numerosas resoluciones en relación con la ejecución de sentencias de derribo y, en particular, en defensa de las familias afectadas por este problema; pero que, sin embargo, los plazos contemplados en todas ellas se han ido superando sin que el Gobierno termine de plantear una solución definitiva.

Según ha dicho, los dos puntos más conflictivos son Piélagos y Argoños, donde hay 400 viviendas con sentencia de demolición y donde la aprobación de los PGOU permitiría adaptar a la legalidad algunas de las viviendas con sentencias de demolición y cumplir efectivamente la sentencia sin que sea necesario proceder al derribo.

“Si cualquier solución pasa por los planes generales de Piélagos y Argoños, lo desesperante es ver que su tramitación no concluye nunca y nunca terminan de aprobarse”, ha lamentado Fernández.

Por ello, desde el PP quieren conocer en qué medida la Consejería está colaborando con el Ayuntamiento de Piélagos para que el PGOU pueda aprobarse provisionalmente en el Ayuntamiento, y posteriormente con carácter definitivo en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Y también cuándo está previsto que la CROTU apruebe con carácter definitivo el PGOU de Argoños que ya ha sido aprobado por el Ayuntamiento hace meses y que, según el compromiso del consejero el pasado mes de diciembre en un acto organizado por AMA, iba a quedar aprobado en enero. “Estamos a finales de febrero y sigue sin aprobarse y aparecen nuevos informes que cambian la situación y que impiden la aprobación del documento cuando hay en Argoños hay 250 familias viviendo la angustia de que les echen de sus casas y les derriben sus viviendas”, ha criticado el diputado del PP.

“Queremos que nos explique qué está pasando, si van hacer algo por solucionarlo, si tiene algún otro propósito, algún otro objetivo más allá de que el tiempo vaya pasando y la bomba no le estalle entre las manos. Esto no es un expediente más, esto es el drama de 500 familias de Cantabria que no saben si mañana les van a desalojar de sus viviendas y les van a poner en la calle. Esto requiere implicación, soluciones, no políticos indolentes que no se implican y que no se molestan”, ha concluido.

Se adjuntan audios, fotografía e interpelación del Grupo Popular