Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha exigido a los grupos que sustentan la coalición de gobierno, PRC y PSOE, la retirada inmediata de la enmienda que han presentado a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2022 para incrementar en 30.000 euros el sueldo del puesto de Director del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, pasando de cobrar más de 65.000 euros a casi 95.000 euros al año.

La diputada regional Isabel Urrutia ha explicado que regionalistas y socialistas articulan esta subida a través del incremento del complemento específico previsto ahora en 27.747 euros, que con la enmienda aumentan hasta los 55.185, como al Interventor General. Y ha calificado de indecente esta propuesta, formulada vía enmienda a unas cuentas que regionalistas y socialistas han presentado hace poco más de un mes en el Parlamento de Cantabria. “Pretendían que nadie se enterara y que pasara desapercibido y por eso lo han presentado como enmienda al presupuesto”, ha dicho.

Urrutia ha explicado que en esta enmienda, la número 1 que han presentado al articulado de la ley de presupuestos, PRC y PSOE no aportan justificación alguna más allá de que “se considera necesario”. “Las formas son inadmisibles: un cambio por la puerta de atrás el sueldo de un alto cargo, a través de una enmienda a sus propios presupuestos, sin informes, sin incluirse en la memoria y sin motivación alguna”, ha censurado la diputada del PP.

Y ha señalado que, mientras el Partido Popular en sus enmiendas está pidiendo un Plan para la reducción de altos cargos, los partidos de gobierno, contestan aumentando más el gasto en personal. “Con la que está cayendo y lo mal que lo están pasando muchas familias, autónomos y empresarios es un insulto y una supina ofensa a los ciudadanos tan solo que lo hayan pensado. Esta es la política de la coalición de izquierdas que tenemos en Cantabria”, ha lamentado Urrutia. “Si su intención es subir el sueldo a cualquier cargo, que lo hagan con transparencia, informes y luz y taquígrafos, también presentando esa subida a los representantes sindicales y no hacerlo por la puerta de atrás”, ha abundado.

La parlamentaria popular considera que para esta decisión el bipartito no puede escudarse en que el puesto requiere de “independencia” en sus funciones, cuando -según precisa- la ley que aprobó la regulación del Servicio Jurídico se aprobó en el año 2006. “¿Qué pasa, que la independencia ha aparecido en un mes y no en los 15 años anteriores?”, se ha preguntado.

Isabel Urrutia se ha preguntado además que, ahora que las cuantías de los presupuestos están fijadas, “¿de dónde van a quitar el dinero, qué partida presupuestaria van a reducir, para pagar esos 30.000 euros más a un alto cargo? ¿se lo van a quitar a las madres trabajadores, a los dependientes, a los autónomos, a las pymes o a la sanidad?”.

Los populares consideran que la idea de regionalistas y socialistas no hace más que daño a quienes ocupan el resto de puestos del Gobierno y esperan que no llegue tan siquiera a debatirse en el Parlamento.

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