Partido Popular en Cantabria

Urrutia explicó que la Ley de Prevención de la Contaminación Lumínica fue aprobada por el Parlamento en junio de 2006, entrando en vigor en septiembre de ese mismo año y teniendo el Gobierno un plazo de un año para aprobar el decreto de desarrollo. "Casi un año después de cumplido ese plazo, el Ejecutivo aún no ha aprobado el reglamento de desarrollo de la ley".
Lo mismo ha ocurrido, según la parlamentaria regional del PP, con la Ley de Control Ambiental Integrado, que fue aprobada en diciembre de 2006, entró en vigor el día 22 de ese mismo mes y el Gobierno disponía de un plazo de tres meses para aprobar el decreto de desarrollo reglamentario. "Algo que a día de hoy, casi año y medio después, no ha hecho".
En opinión de Isabel Urrutia, esta "sequía de regulación normativa de la Consejería de Medio Ambiente se debe a dos motivos perfectamente compatibles entre sí". Por un lado, "la desidia del Gobierno en general y del consejero de Medio Ambiente en particular a la hora de abordar el desarrollo normativo debido a criterios de prioridad política". Y en segundo lugar, "las divergencias políticas entre los responsables de Medio Ambiente anterior, señor Ortega, y actual, señor Martín, a la hora de regular la prevención del medio ambiente".
"En el Partido Popular entendemos que la prioridad política del consejero de Medio Ambiente a la hora de gestionar la prevención, algo tan importante en la preservación del Medio Ambiente, es la publicidad y la propaganda antes que la gestión normativa y las normas", subrayó Isabel Urrutia, en cuya opinión el consejero "prefiere gastarse más de 100 millones de las antiguas pesetas en regalar bombillas a los ciudadanos que en desarrollar, por ejemplo, las normas por las que nos debemos de regir todos a la hora de implantar las instalaciones y aparatos de iluminación, para conseguir aquella finalidad que perseguía la ley".
Tras considerar "suficientemente grave" el hecho de que se lleve un año de retraso en un caso y casi año y medio en otro, Urrutia señaló que "más grave es si uno acude a la propia Ley de Prevención de la Contaminación Lumínica, al espíritu del legislador o al debate parlamentario en su tramitación". Al respecto explicó que cuando se debatió la norma en el Parlamento el Partido Popular "ya avisó al Gobierno de la excesiva deslegalización normativa que el Ejecutivo y los grupos socialista y regionalista realizaban de la regulación de la prevención de la contaminación lumínica y presentamos enmiendas en este sentido que fueron rechazadas".
Asimismo, recordó que durante el debate de tramitación de la ley, el ex consejero de Medio Ambiente, José Ortega, llegó a afirmar que el texto legal se asentaba sobre criterios de prudencia y sencillez, lo que significaba que su desarrollo debería remitirse al correspondiente reglamento y que todos los aspectos técnicos y circunstanciales quedarían reservados para un reglamento de inmediata elaboración. "Pues bien, el señor Ortega se marchó del Gobierno sin hacer los deberes, se marchó sin dejar hecho ese reglamento y su sucesor, el señor Martín, lleva el mismo camino".
También, la parlamentaria del PP recordó que su formación política decía en aquel momento, para argumentar su preocupación por la excesiva deslegalización, que "se tuviera en cuenta que la pereza con la que el Gobierno abordaba la elaboración de los reglamentos hacía que si esas cuestiones se fijaban en la ley serían una garantía de que se iban a tener aprobadas cuanto antes". En opinión de Urrutia, "que razón y que bien descrita la pereza de este Gobierno a la hora de abordar sus obligaciones normativas".
"Un año tenía el Gobierno de Cantabria para el desarrollo normativo de esta ley, para establecer la zonificación y el nivel lumínico de referencia y no lo ha hecho. Un año tenía el Ejecutivo cántabro y a día de hoy nuestra Comunidad Autónoma sigue sin tener un nivel lumínico de referencia", subrayó Isabel Urrutia, quien añadió que "en Cantabria tenemos una ley de prevención de la contaminación lumínica que no se puede aplicar por dos motivos: por la excesiva remisión a desarrollo reglamentario que socialistas y regionalistas se empeñaron en introducir y por la preocupante desidia de este Gobierno, más preocupado de publicitarse que de gestionar".
Para Isabel Urrutia, "ya que el Gobierno no vela por el cumplimiento de la ley como así se lo exige la propia ley, nos vemos en la obligación de hacer una llamada de atención diciendo y avisando al consejero de Medio Ambiente que la pereza no es buena compañera de viaje en la gestión pública, que se ponga a trabajar por la prevención de la contaminación de nuestro medio ambiente".
La parlamentaria regional de los populares cántabros urgió al desarrollo normativo "cuando además se dan casos tan llamativos y paradójicos como el que se establece en la parte final de la ley de control ambiental integrado". Al respecto explicó que esta norma es la encargada de la regulación integral en relación con planes, programas, proyectos de instalaciones y actividades susceptibles de incidir en la salud y seguridad de las personas y sobre el medio ambiente, estableciendo que las instalaciones y actividades que a su entrada en vigor no tengan autorización ambiental deberán presentar un estudio de impacto ambiental en seis meses, dejando en manos del Gobierno que si esto no se cumple puede imponer sanciones de hasta 6.000 euros.
"Resulta, que las empresas y particulares tienen que cumplir en seis meses con la ley y el Gobierno que tenía que haber aprobado el reglamento en tres meses no lo ha hecho: ¿quién multa al Gobierno?, preguntó Urrutia.
En opinión de la diputada regional del PP, "ya es hora de que el Gobierno cumpla con su obligación de aprobar los decretos de desarrollo normativo de las leyes de prevención de la contaminación del medio ambiente y además no solo entendemos que esto debe ser así y cuanto antes, sino que lo que más preocupa es la falta de compromiso y voluntad del Gobierno y de los grupos políticos que lo apoyan".
Urrutia finalizó diciendo que "estos incumplimientos son lo suficientemente graves como para exigir al Señor Martín que se deje de fotos, de publicidad, de charlas, de gastar millonadas en propaganda, y se ponga a trabajar, que cambie sus prioridades políticas, que cambie foto por gestión, publicidad por regulación y panfletos por reglamentos".