Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular de Torrelavega ha lamentado que los torrelaveguenses vayan a pagar 132.000 euros más de IBI en 2022. Así, en el pleno municipal celebrado este martes, el grupo municipal del PP ha votado en contra de las tasas planteadas por el Ayuntamiento para el próximo año por la oposición del equipo de gobierno a rebajar el IBI y su falta de atención a las familias numerosas del municipio.

La portavoz del PP en Torrelavega, Marta Fernández Teijero, ha denunciado que el equipo de gobierno sigue extorsionando a los hogares de Torrelavega en una situación económica dificilísima, con subidas astronómicas de luz y combustibles.

Durante la sesión plenaria, la portavoz ha hecho un llamamiento a la corporación municipal para que no se apoyarán las tasas municipales propuestas por el equipo de gobierno y se apostará por unas rebajas mayores, “que sirvan para aliviar la situación de las familias y hacer que se mueva más consumo por el pequeño comercio de proximidad de nuestra ciudad”, ha explicado.

Fernández-Teijeiro ha recordado que el Ayuntamiento de Torrelavega es una institución a la que sistemáticamente le sobran varios millones de euros de remanente año tras año, por su incapacidad de gastar lo que presupuesta. Además, ha destacado que en la actualidad Bruselas tiene levantados todos los límites al equilibrio presupuestario de las administraciones, por lo que no hay ningún problema para incurrir en déficit si se considera social y económicamente necesario para superar una crisis tan grave como la producida por la pandemia de COVID-19.

“No parece ético quitar dinero a una familia para tenerlo guardado en una cuenta municipal, cuando ni siquiera la UE exige que haya dinero atesorado en dicha cuenta. Es una falta de respeto por parte de los concejales gobernantes hacia los hogares y las pymes de nuestra ciudad”, ha señalado la portavoz, quien ha asegurado que se trata de una malísima política económica, porque el comercio y los autónomos de Torrelavega necesitan que los vecinos tengan en sus bolsillos más liquidez para aumentar la demanda de consumo, lo que el final repercute en el empleo.

Por otra parte, la portavoz municipal ha criticado que no se quiera hacer mayor esfuerzo fiscal en favor de las familias numerosas, “es una insensibilidad del Ayuntamiento hacia los hogares con más necesidades de apoyo en estas circunstancias, y parece que el alcalde considera que una familia de clase media trabajadora de Torrelavega pertenece a la lista Forbes de millonarios y no necesita apoyo. Está claro que algunos hablan de “lo social” por darse publicidad engañosa, pero no porque haya realmente una sensibilidad social en este Ayuntamiento”, ha dicho.

ENMIENDAS GRUPO MUNICIPAL POPULAR

Desde el grupo municipal popular se han presentado dos enmiendas que han sido rechazadas por  los votos de PRC, PSOE, ACPT y Torrelavega Sí.

En la primera de ellas, los populares han propuesto la reducción del 3% en el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para que tenga un efecto positivo en la recaudación municipal tras el aumento de la valoración catastral de los inmuebles de Torrelavega para 2022.

Para los populares 2022 va a ser un año donde en otros conceptos la recaudación municipal va a ser mayor que en 2021 y los ciudadanos necesitan recuperarse de los efectos económicos que ha tenido y tiene la pandemia del COVID 19.

Por eso, durante el pleno han defendido que no supone un problema para las cuentas municipales y sí un apoyo a los torrelaveguenses en su esfuerzo por superar las dificultades económicas y laborales de la pandemia, reducir en torno al 3% el tipo de gravamen para que se pueda neutralizar el efecto en la liquidación del impuesto que va a tener el aumento de la valoración catastral y así, los ciudadanos de Torrelavega no vean incrementados su recibos respecto de 2021.

En su segunda enmienda, desde el grupo municipal popular se ha llamado a bonificar el 52% el valor de referencia para las familias numerosas cuya vivienda habitual no tenga un valor catastral inicial superior a 83.000 euros.

La propuesta de los populares incrementa el 13.000 el valor catastral de dichas viviendas cuyo límite actual, marcado por el equipo de gobierno PRC-PSOE, se sitúa en 70.000 euros. Algo que, según los populares, discrimina a familias de sectores trabajadores y medios de la ciudad que sufren la crisis del COVID-19 como las demás y cuya capacidad de consumo conviene reforzar por interés de la economía local.