Partido Popular en Cantabria

Ante la grave problemática de los edificios fuera de ordenación en Laredo, el Partido Popular defenderá en el pleno municipal este jueves una moción en la que propone la incorporación de la modificación prevista en el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, Ley del Suelo, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2022.

La iniciativa, presentada por el grupo municipal del PP el pasado 16 de septiembre, insta a todos los partidos con representación en el Parlamento de Cantabria, por medio de sus portavoces en la Cámara, a que modifiquen, a través de la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2022, la actual redacción del artículo 88.1 de la Ley del Suelo de Cantabria, dando a dicho artículo la nueva redacción que se recoge en el artículo 115 del proyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y del Urbanismo de Cantabria.

Similar propuesta se traslada a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria y exigen de la alcaldesa, la socialista Rosario Losa, que realice las gestiones políticas necesarias, con el respaldo de todos los grupos, ante los órganos pertinentes, “para la consecución de esta cuestión tan importante para nuestro municipio”.

El portavoz municipal del PP ha señalado que ello supondría una solución rápida para centenares de viviendas de Laredo, legales en el momento de su construcción pero que han quedado fuera de ordenación, mientras sale adelante la nueva Ley del Suelo, cuya tramitación parlamentaria puede demorarse un año.

En la exposición de motivos de la moción, los populares hacen referencia a la actual redacción del artículo 88 de la Ley del Suelo de Cantabria que, en su apartado 1, establece como edificios fuera de ordenación aquellos que fueron construidos con anterioridad  a la aprobación definitiva del planeamiento vigente en cada municipio, y especifica en el artículo 3 que no se podrán realizar obras de consolidación, aumento de volumen, modernización e incremento de su valor de expropiación, aunque sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la seguridad física del inmueble. Se trata de edificios y construcciones que fueron legales  en el momento de su construcción, que contaron con todas las licencias y permisos necesarios pero que, por un cambio en el modelo de desarrollo urbano,  así  como de los criterios a la hora de aprobar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) posterior, han quedado fuera de ordenación.

CONSTRUIDAS CONFORME A LA LEGALIDAD VIGENTE

Según ha destacado Liz, muchísimos edificios de la villa están en esta situación, con los enormes perjuicios que esto conlleva para sus propietarios. Y, a modo de ejemplo, se ha referido a las decenas de construcciones existentes que fueron levantadas conforme a la legalidad del momento antes del PGOU de 1987 y que superan las 4 ó 5 alturas, según los casos, y albergan miles de viviendas en su conjunto.

E indica que la aprobación del PGOU de 1987 supuso un antes y un después para estos edificios dado que el nuevo planeamiento no permitía edificar más de 4 ó 5 alturas dentro del municipio, por lo que “quedan fuera de ordenación decenas de inmuebles, lo que sin duda tiene unas consecuencias nefastas para sus propietarios”.

Desde el PP de Laredo consideran además “absolutamente injusto” tratar igual al edificio que se construyó sin licencias ni permisos, y con manifiesto desprecio a la legalidad, que al que era legal en el momento de su construcción y ha devenido fuera de ordenación por el cambio que se ha producido en el planeamiento urbanístico, porque “es como modificar las reglas del juego a mitad de partida”, según señalan.

Estas dos situaciones, según puntualizan, son tratadas de la misma manera por la vigente Ley del Suelo de Cantabria, es decir, fuera de ordenación en ambos casos, “con las graves limitaciones que ello supone para los propietarios de edificios construidos antes de 1987 de acuerdo con la legalidad vigente entonces”.

A este respecto, recuerdan que cada vez que una comunidad o un propietario solicita una licencia para cualquier obra, un arreglo de fachada o una instalación de ascensor por ejemplo, el Ayuntamiento exige antes de otorgarla que los propietarios renuncien al incremento del valor de expropiación de sus inmuebles, inscribir esa renuncia en el Registro de la Propiedad y, lo que es más grave, inscribir igualmente en dicho registro la situación de fuera de ordenación de sus viviendas, lo que, por de pronto, supone que  quien quiera vender una vivienda, tenga muy difícil hacerlo por cuanto al posible comprador le va a ser negado un crédito hipotecario en virtud de esa inscripción de fuera de ordenación en el Registro de la Propiedad, dado que esos inmuebles  no son admitidos como garantía para la concesión de la hipoteca.

SOLUCIÓN INMEDIATA DEL PROBLEMA

Actualmente se está tramitando la nueva Ley del Suelo que, en su artículo 115, que sustituye al 88 de la ley actual, incluye una nueva regulación de los edificios fuera de ordenación: “Los edificios, instalaciones y usos del suelo existentes con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo por estar ubicados en espacios destinados por el planeamiento a viarios, espacios libres o dotaciones, serán calificados como fuera de ordenación. Quedarán en todo caso fuera de ordenación los edificios y construcciones cuya expropiación o demolición estuviera expresamente prevista en el Plan”.

En la práctica, según se destaca en la exposición de motivos de la moción del PP,  la aprobación de esta nueva redacción “solucionaría la problemática colosal que hemos apuntado pero, para ello, debiera aprobarse por el Parlamento de Cantabria a la mayor brevedad, algo que no parece que vaya a ser así”.

Por ello, y puesto que la tramitación y aprobación de la nueva Ley del Suelo puede demorarse un año en el Parlamento de Cantabria, proponen como una solución rápida y eficaz “aprobar esa nueva redacción del artículo que nos afecta mediante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañe a los Presupuestos autonómicos del próximo ejercicio”.