Cierto es que el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud de diciembre de 2003 declara la jubilación forzosa a los 65 años. Lo hace del mismo modo que autoriza plenamente la prórroga de la actividad profesional hasta los 70, siempre que quede acreditado que el interesado reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión y en función de las necesidades de la organización.
Pues bien, el Gobierno de Cantabria pretende imponer y generalizar la jubilación obligatoria e improrrogable a todos sus facultativos mayores de 65 años, restringiendo al máximo la posibilidad de prolongar su permanencia en servicio activo, denegando de forma automática y universal -es decir sin excepciones- el derecho de prórroga y obviando las verdaderas necesidades asistenciales de nuestro sistema sanitario público.
«No concurren necesidades asistenciales plenamente probadas, no hay necesidades de profesionales en Cantabria y no existe, por lo tanto, necesidad de prolongar la permanencia en servicio activo a los profesionales que lo soliciten». Eso es lo que dice y eso es lo que va a hacer el Gobierno: jubilar irremediablemente hasta diciembre de 2009 a 138 facultativos del SCS.
Somos muchos los preocupados por la serias consecuencias de esta decisión. Las consecuencias que esta falta de rigor y de planificación, que esta política de jubilaciones absolutamente rígida, indiscriminada y carente de sentido común y que este derroche humano y profesional, va a tener sobre la sostenibilidad y calidad asistencial de nuestro sistema sanitario, máxime en un momento como el actual.
En un momento en que las propias Consejerías de Sanidad de la mayoría de las Comunidades Autónomas claman por más médicos, en el que los sindicatos y numerosas sociedades científicas alertan del déficit de especialistas, en el que el propio Ministerio de Sanidad habla de desbordamiento por falta de profesionales médicos, y en el que Cantabria se empeña en aparecer, como no, como la única Comunidad Autónoma que desmiente el déficit. En un momento, en que Comunidades Autónomas pioneras en poner en marcha esta medida están dando marcha atrás y pretenden enmendar el error de imponer la jubilación forzosa y en el que Cantabria se empeña, como no, en ir contracorriente.
Pero lo peor de esta medida, es como digo, que se pone en marcha ignorando las necesidades asistenciales y organizativas de nuestro sistema sanitario y su negativo impacto en la organización y calidad asistencial.
Sin tener en cuenta la excelencia profesional y el valor añadido que muchos de estos profesionales reportan a nuestro sistema de salud; sin tener en cuenta sus efectos sobre un Hospital que pretende seguir siendo de referencia nacional, como es Valdecilla. Sin tener en cuenta la insuficiencia de nuestras plantillas y la carencia de sustitutos en numerosas especialidades y sin tener en cuenta la dramática situación de nuestras listas de espera.
No los necesitamos pero nuestras listas de espera están desbordadas y son las mayores de España. No los necesitamos pero tenemos quirófanos cerrados. No los necesitamos pero mandamos a pacientes a operarse a Valladolid, Navarra o Bilbao después de hacerles esperar meses y más meses. No los necesitamos pero nuestras plantillas están insuficientemente dotadas y precariamente cubiertas. No los necesitamos pero pretendemos contratar médicos de fuera para que vengan a operar a Cantabria...
Y mientras, en Cantabria, nadie entiende nada. Nadie entiende cómo es posible que se jubile a nuestros urólogos mientras hay 8 vacantes en la plantilla de Valdecilla sin cubrir y enormes dificultades de sustitución. Cómo se jubila a 9 pediatras en especializada y otros 6 en primaria cuando son los médicos de familia quienes están atendiendo a nuestros menores. Cómo se puede jubilar a 24 médicos de familia argumentado que no son necesarios, mientras el propio Servicio Cántabro de Salud reconoce la carencia de sustitutos, suspende vacaciones por necesidades del servicio e incentiva a los que doblan.
Nadie entiende cómo podemos permitirnos el lujo de prescindir de uno de los mejores cirujanos cardiovasculares del país, de grandes y reputados especialistas en cirugía general, en cardiología, en oncología ginecológica o como nos desprendemos de un alergólogo infantil, un bioquímico o un experto en radiología vascular intervensionista únicos en su especialidad.
Esa es la razón por la que desde el Partido Popular instábamos al Gobierno a revisar y planificar su política de jubilaciones forzosas y de prórrogas de los facultativos mayores de 65 años. Porque el necesario proceso de renovación y de relevo generacional debe hacerse de forma progresiva, debe hacerse combinando la experiencia con las incorporaciones de nuevo ingreso, y debe hacerse atendiendo a criterios como la relevancia y la insuficiencia de determinados especialistas en nuestro sistema de salud, como el adecuado dimensionamiento de nuestras plantillas y como la situación de las listas de espera en nuestros sistema sanitario público.
No tuvimos éxito, porque una vez más la fuerza de los votos se impuso a la de la razón. Una vez más faltó sensatez, faltó inteligencia y faltó valentía en nuestros responsables sanitarios y en los Grupos Parlamentarios que los respaldan para evitar otro grave error, a la espera de unas consecuencias que pagaremos todos.
Lo seguiremos intentando, pero sirva hoy al menos, esta breve reflexión para hacer llegar nuestra más alta consideración y el merecido sentimiento de gratitud de la sociedad de Cantabria a ese gran número de profesionales de dilatada trayectoria y experiencia al servicio de nuestra sanidad que con su entrega, vocación y profesionalidad, tanto nos dieron. A todos ellos, muchas gracias. En Cantabria, nadie entiende nada. Nadie entiende cómo es posible que se jubile a nuestros urólogos mientras hay 8 vacantes en la plantilla de Valdecilla sin cubrir y enormes dificultades de sustitución.
*Artículo publicado en El Diario Montañés
